Como “aterradora” y “horrorosa” fue calificada la crisis que Colombia atraviesa por el asesinato de líderes sociales. La primera expresión fue del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y la segunda de Michel Forst, relator especial de la ONU.
Aunque las cifras son impactantes, las historias van más allá de las estadísticas (ver gráfico). “Me han horrorizado, consternado las versiones de los campesinos, afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan, sin poder decir el nombre de los victimarios”, dijo Forst tras visitar las zonas más afectadas. Aseguró: “sí hay sistematicidad”.
“Hay un patrón de ataque contra los defensores y defensoras. Cuando se ve la gravedad, cuando se escuchan los testimonios, cuando se ve el número de asesinatos, de amenazas por parte de diferentes actores, ahí se siente el temor. Es mi forma de mostrar que hay un patrón de ataques sistemáticos”, señaló el relator.
Dependiendo de la entidad que dé la información son las cifras, por eso no hay una clara. En Colombia, en 2018, han asesinado entre 164 y 226 líderes sociales según la Defensoría del Pueblo e Indepaz La mayoría de ellos miembros de Juntas de Acción Comunal, indígenas o líderes de asociaciones campesinas, casi todos ubicados en zonas que estuvieron por muchos años bajo el dominio de las Farc.
La impunidad
En esas regiones los habitantes tienen miedo y los líderes más, EL COLOMBIANO habló con varios de ellos, quienes aseguran que aparecer en un periódico puede ponerlos en riesgo. No saben con claridad quiénes son sus verdugos, reconocen que los asesinatos de sus compañeros de lucha tiene que ver con la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz, porque varios de los asesinados tenían protagonismo en el avance de programas como el de sustitución voluntaria de cultivos y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
“Es como si una mano negra no quisiera que se consolidara la paz estable y duradera en nuestros territorios”, manifestó uno de ellos.
De acuerdo con el informe “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo”, realizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, “las víctimas, en su mayoría, son personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica ubicadas en una posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder regionales, pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados, de extracción campesina y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado o de otras acciones propias del conflicto armado”.
Pero las investigaciones no han avanzado al punto de determinar quién puede estar detrás de estos hechos para considerarlos sistemáticos.
Una presentación realizada por Ministerio del Interior al Congreso de la República señala que el 44% de los homicidios con avance investigativo es atribuible a particulares y un 25% a grupos que tienen operatividad local, el 11 % al Clan del Golfo, el 8 % a las disidencias, el 6 % al Eln, el 3 % a la Fuerza Pública y el 1 % al Epl.
Lo que resulta más grave, según el informe de Mininterior, es que solo el 20,43 % de los homicidios se dieron por su condición de líder social, el 8 % por promover la sustitución de cultivos, el 2 % por denunciar la presencia de grupos armados, el 2 % por oponerse a la venta de estupefacientes.
Por eso el ejecutivo dice que no hay tal mano negra. Lo que recuerda las palabras del exministro de Defensa Luis Carlos Villegas cuando aseguró que eran “líos de faldas”.
En cambio, dice el ejecutivo, sí se ha trabajado en la protección. Para 2017 la Unidad Nacional de Protección (UNP) tuvo un presupuesto total de 634 mil millones de pesos. En 2018 ha apropiado 693 mil millones y tiene una solicitud de adición presupuestal de 83 mil millones. El requerimiento de presupuesto para 2019 es de 850 mil millones y para 2021 se estima que superará el billón de pesos.
Más en Gobierno Duque
Un informe realizado por la Fundación Ideas para la Paz, en el que evaluaron los primeros 100 días del Gobierno de Iván Duque, se asegura que “al comparar los tres primeros meses del nuevo gobierno (agosto a octubre de 2018) con el mismo periodo del año anterior, se evidencia que las agresiones a líderes sociales se triplicaron y los homicidios se duplicaron”. (Ver Gráfico)
Esa misma ONG celebró las primeras medidas tomadas por el ejecutivo, entre ellas la firma del Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y las personas defensoras de Derechos Humanos, en el que también se comprometieron el procurador Fernando Carrillo; la vicefiscal. María Paulina Riveros, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Sin embargo, el informe puso de manifiesto que “las organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado preocupación por la falta de claridad sobre los mecanismos de participación para la elaboración de esta política y el desconocimiento de los espacios de diálogo que se tenían con el Gobierno anterior. También hay cuestionamientos sobre quién asumirá el liderazgo de este tema, siendo el Ministerio del Interior el llamado a asumir esta responsabilidad”.
La actuación del Estado
Esta fue una de las primeras situaciones problemáticas atendidas por el Gobierno de Iván Duque. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo a EL COLOMBIANO que recién elegido el mandatario se reunió con el defensor Negret para conocer al detalle cómo el funcionamiento de la atención de alertas tempranas.
“Tratamos de buscar primero que el Estado se ponga de acuerdo. Es decir: la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía que juegan un papel importante en la investigación y el esclarecimiento de delitos. El gobierno a través de la protección que está en cabeza de la policía y de la UNP. Sacamos un plan de acción oportuno, el Presidente firmó los decretos hace pocas semanas y ya se está caminando en ese plan de acción”, explicó la ministra.
Para ello el Gobierno preparó el Decreto 2137, del 19 de noviembre de 2018, para la creación de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo del Plan de Acción Oportuna, PAO, para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (ver Claves).
De ella harán parte, los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, el comandante de Fuerzas Militares, los directores de la Policía y de la UNP, el Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Procuraduría, entre otras instituciones del Estado.
De acuerdo con la explicación, los consejos de evaluación del riesgo se realizarán en las regiones. Los funcionarios se desplazarán hasta los territorios más afectados por el conflicto, aunque no sea una tarea fácil.
Así lo ha solicitado Negret: “Tenemos que ir a terreno, llegar como lo hacen en esas zonas: en panga, a caballo, en mula. Lo importante no es ponernos de acuerdo en una cifra, en las 25 misiones humanitarias que he hecho, no me encuentro sin o a los líderes sociales, a las iglesias católica y cristianas, a la gente de la Mapp OEA, a las Naciones Unidas”.
Los líderes en las regiones se sienten abandonados, creen que su grito es mudo o que la sociedad es sorda. Dicen que los están exterminando. Ruegan que al fin a su territorio llegue la paz que les prometieron, convertida en desarrollo y seguridad.
6,5
millones de personas están afiliadas a JAC, consideradas líderes sociales.
3
planes fueron lanzados por el Gobierno desde diciembre de 2017 para protegerlos.
