El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, presentó este miércoles un informe en donde se analizaron los efectos que ha tenido la implementación del acuerdo de paz con las FARC, en el departamento del Chocó, en donde se evidenció que el conflicto armado sigue vivo en varias zonas por la presencia de grupos paramilitares y del ELN.
“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, señaló Shetty.
Según la organización, tras cumplirse un año de la firma del Acuerdo de Paz, otros grupos subversivos se disputan el control de varias zonas en donde se desmovilizaron las FARC y que están afectando los derechos humanos de la población civil de estas regiones.
En el informe, denominado ‘Continúan los años de soledad’, se analizaron los efectos que tuvo el acuerdo, firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, en la vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Chocó, donde según la organización el 60 % de los habitantes son víctimas del conflicto armado.
Según el documento, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares por la presencia de grupos armados en la zona, generando que, con el desplazamiento forzado, las personas se ubiquen en lugares que no cuentan con acceso a agua potable, con falta de alimentos y sin la posibilidad de regresar a sus territorios.
“En la medida en que el Estado no ocupe el vacío que dejó la desmovilización de las FARC se están poniendo en riesgo a las comunidades. Es cierto que ha habido una disminución en las muertes de civiles, pero por otro lado está incrementando su vulnerabilidad en donde nuevamente las poblaciones están atrapadas entre varios actores del conflicto”, manifestó Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Asimismo, se alertó sobre las amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios y se referenció el crimen del gobernador indígena, Aulio Isaramá Forastero, ocurrido el 24 de octubre y por el que el ELN reconoció su autoría.
Para Anmistia, llama la atención que quince años después de la masacre de Bojayá, las comunidades siguen estando en peligro por la presencia del ELN y de grupos paramilitares y, especialmente, por el abandono del gobierno, quien no ha tomado medidas para garantizar su seguridad.
“Las múltiples dificultades que entraña implementar este Acuerdo de Paz no pueden servir de excusa al Estado para no tomar medidas encaminadas a hacerlo efectivo y a mantener a salvo a la población civil”, aseguró el secretario.
Finalmente, Shetty señaló que es importante implementar el acuerdo de paz para que no se vuelvan a repetir esos crímenes contra la población civil.
“La única forma de garantizar que no vuelvan a cometerse estos crímenes es aplicar debidamente todas las medidas incluidas en el acuerdo de paz, dirigidas a proteger a las víctimas. Invertir más recursos en las unidades responsables de proteger a la población local, investigar los abusos y reconocer públicamente que los grupos paramilitares continúan activos en la zona serían pasos muy acertados”, finalizó Shetty.
