Con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya entró en vigencia –aunque la Corte Constitucional debe revisarla-, se abre la puerta para que quienes estén interesados en someterse a ella firmen un acta de compromiso, y ésta ya la firmaron Diego Palacio y los generales Jesús Arías Cabrales y Jaime Uscátegui.
Según Álvaro Leyva, es un “acta de compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, entonces al firmar el acta estando presente el secretario técnico de la JEP, que es el doctor Néstor Raúl Correa, se espera que el juez autorice la libertad condicional y anticipada”.
Así pues, el exministro de Protección Social del gobierno de Álvaro Uribe, Diego Palacio, queda a la espera que un juez vea viable el vínculo de sus delitos relacionados con la ‘Yidispolítica’ y el conflicto armado, para que se acepte esa libertad condicional y anticipada.
Igualmente, el general en retiro del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, que tiene una condena de 37 años por la masacre de Mapiripán y el general Jesús Armando Arias Cabrales condenado a 35 años por los desaparecidos del Palacio de Justicia, esperan que se dé esa libertad.
Y así como ellos, dice Leyva, “los que están detenidos y se sienten vinculados al proceso y están pagando cárcel por razones del conflicto interno”, podrán firmar el acta de compromiso.
Al respecto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha enfatizado en que esa libertad tiene sus condiciones.
“Salen con condiciones mientras comienza a funcionar la JEP. Cuando la JEP empieza a funcionar ellos tendrán que ir ante el tribunal, reconocer responsabilidad y contar la verdad para poder ser beneficiario de una pena alternativa de entre 5 y 8 años”, dijo.
Y explica que “en el caso de los combatientes de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares está previsto en la JEP y en la Ley de Amnistía que el Ministerio de Defensa pase a la secretaría de la JEP el listado de los militares que podrían ser beneficiarios de la libertad condicionada y anticipada porque han cumplido más de cinco años en prisión”.
