La Operación Quirófano, que presuntamente “permeó los entes de control para favorecer particulares”, según la investigación de la Fiscalía General, vuelve a mostrar un fenómeno que ha hecho carrera: la corrupción campea en el sector salud. No hay que ir muy lejos para concluirlo, pues en los últimos años se han destapado escándalos como los carteles de la hemofilia o el Sida.
El del “Quirófano”, que al parecer no es más que un entramado de corrupción dentro de la Superintendencia de Salud efectuado entre 2016 y 2017, involucra a cuatro funcionarios de esta entidad, incluyendo a Eva Katherine Carrascal, quien fue delegada para la Vigilancia Institucional.
Además, la Fiscalía compulsó copias a la corte Suprema de Justicia para que investigue al actual senador Luis Eduardo Díaz-Granados (partido Cambio Radical) y al exrepresentante a la Cámara, Cristóbal Rodríguez Hernández (Partido de La U), quienes estarían presuntamente involucrados en este entramado.
“Carrascal y varios exdirectivos y entidades vinculadas con entidades de salud, habrían interferido en la toma de decisiones administrativas para favorecer presuntamente a empresas del sector salud”, explicó el fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Así fue
Según el ente investigador, entre las irregularidades descubiertas se encuentra que se “agilizaron pagos de dinero que eran adeudados por EPS como Cafesalud y entidades territoriales”, asimismo, señala que a través de esta red también proporcionaban información sobre “trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de particulares que integraban esta red y quienes terminaban asesorando a los vigilados”.
Sumado a esto, manifestó el fiscal general, esta red presuntamente incidía en los trámites de reorganización para la toma de decisiones en el “ente de control favoreciendo las EPS y las cajas de compensación” y, lo más complejo, es que facilitaban “el incremento de población afiliada a las EPS, con lo que aumentaban los ingresos por compensación por parte del Estado”.
Según la Fiscalía, las investigaciones adelantadas permitieron determinar, a través de pruebas documentales y más de 500 audios, que la entonces delegada “habría utilizado su cargo para favorecer a EPS y cajas de compensación, a cambio coimas recibidas mensualmente a través de cheques y en efectivo, e incluso habría obtenido una participación accionaria en una EPS”. Además, también fue capturado Guillermo Grosso, exinterventor de Saludcoop y expresidente de Cafesalud.
“Es lamentable”
Sobre el nuevo escándalo, el director de la Organización Defensa del Paciente, Francisco Castellanos, señaló que es un “hecho lamentable”, aunque manifestó que no es un problema nuevo.
Asimismo, Castellanos señala que esto se refleja en la deficiente atención que reciben los pacientes de Colombia, basado en que “la corrupción es la que no permitía que protegieran sus derechos y mucho menos que se emitieran sanciones ejemplarizantes a las EPS”.
A los capturados, la Fiscalía los acusa de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada y falsedad en documento privado.