Agamenón, la operación policial más grande de la historia en Colombia, ajustó un año sin lograr su principal objetivo: desmantelar a la banda “los Urabeños” y capturar a su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”.
Para las autoridades, sin embargo, el balance es exitoso, pues la organización narcoparamilitar más poderosa del país está arrinconada y cada día pierde más dinero, contactos y personal.
El plan comenzó a ejecutarse el 2 de febrero de 2015, destinando 1.200 hombres de la Institución para atacar los santuarios y rutas de la estructura en la subregión de Urabá, con alcance nacional. Lo lideraban cuatro generales de la Dirección Antinarcóticos (Dirán), Dirección de Investigación Criminal (Dijín), Dirección de Carabineros (Dicar) y Dirección de Inteligencia (Dipol), y el centro de mando se constituyó en la base antinarcóticos de Necoclí, Antioquia.
El respaldo incluía la más alta tecnología en comunicaciones y armamento, helicópteros y aviones plataforma, apoyo de agencias internacionales y un grueso músculo financiero patrocinado por los gobiernos de Colombia y E.U. Semejante despligue, según oficiales que participan en Agamenón, superó los recursos del Bloque de Búsqueda que persiguió al capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Por eso, en un principio se estimó que el proyecto duraría apenas tres meses, al cabo de los cuales “los Urabeños” (o Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas) estarían derrotados. La realidad es otra.
Pese a la solicitud de este diario, el Ministerio de Defensa mantiene en reserva la cantidad de dinero que se ha invertido. No obstante, fuentes policiales, cuya identidad piden reservar, advierten que en promedio se gastan $150 millones diarios en rubros como alimentación, logística, vuelos de Black Hawk y avión fantasma, pago de recompensas, municiones, apoyo a la comunidad y otros. Eso implica que a la fecha la inversión es cercana a los $56.550 millones.
El dinero parece ser lo de menos, porque del éxito de Agamenón dependen muchas cosas. Una de ellas es la estabilidad del posconflicto, después de la eventual firma del Acuerdo Final en La Habana, pues las Farc exigieron como condición para desmovilizarse -y así lo aceptó el Gobierno- que el Estado incrementara la lucha contra el crimen organizado y eliminara los rezagos del paramilitarismo.
Ese será uno de los cuatro pilares del plan Paz Colombia, la estrategia que reemplazará al Plan Colombia, según el presidente Juan Manuel Santos. Su homólogo Barack Obama anunció que la partida inicial sería de US$450 millones, si el Congreso de su nación lo aprueba.
En la primera semana de febrero hubo una reunión de alto nivel entre delegados judiciales de E.U. y la Fiscalía colombiana. “El tema central fue priorizar esfuerzos operacionales y legales contra las bandas como el Clan Úsuga, tanto en Colombia como en E.U., para que el proceso de paz tenga éxito en un eventual escenario de posacuerdo”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá, y añadió que desde 2011 ese país ha invertido US$4 millones en capacitación de fiscales y apoyo a la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado.
“Cuando me preguntan qué tienen que ver las bacrim (bandas criminales) con la seguridad en las calles de E.U., contesto que tienen todo que ver. Las bacrim envían cocaína a E.U., extorsionan, secuestran y asesinan, fomentando la violencia en ambos países”, dijo el embajador Kevin Whitaker.
