Colombia tiene una inmejorable oportunidad de terminar con el conflicto armado y empezar a construir un país con paz sostenible. Así lo considera el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia desde 2012, Todd Howland, quien habla con el conocimiento que le dan sus 30 años de experiencia en países en conflicto y como experto en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Desde el rol que cumple, el jurista estadounidense afirma que los diálogos con las Farc avanzan en la consecución de logros concretos.
Pero, por lo complejo de temas sensibles que faltan, como la justicia transicional, la dejación de armas y la desmovilización considera que el acuerdo final se daría en dos años más, contrario a los repetidos anuncios del Gobierno de que “este año sí”, expresados desde que se sentó a dialogar con la guerrilla en 2012, en Cuba.
Según el ritmo y los temas pendientes y su experiencia, ¿cuánto tiempo cree que durará más la negociación con las Farc?
“Este proceso avanza según el promedio de otros procesos en el mundo, hay acuerdos en tres temas de la agenda y otros para el desescalamiento de las hostilidades. Yo considero que hay dos posibilidades, según nuestra experiencia comparativa: puede tomar más momentos en razón a acciones de desescalamiento de hostilidades hacia un cese el fuego bilateral, que pueden ayudar a generar más confianza para temas difíciles que se aproximan como la justicia transicional, el fin del conflicto y la desmovilización. También hay buen desarrollo por la presencia de los militares. Pero no puedo crear expectativas falsas porque estos procesos son difíciles y por eso creo que terminar con éxito la negociación sería en el año 2017. Más allá puede ser desgastante y perjudicial por pérdida de apoyo social”.
La justicia transicional es controversial y las Farc rechazan el Marco Jurídico para la Paz...
“La justicia transicional no está creada para dar beneficios a victimarios ni conceder indultos o amnistías, sino como mecanismo para facilitar la transición del conflicto a la paz y el beneficiado es la sociedad. En conflicto hay crímenes y violaciones de derechos humanos y la única opción es condenar a la cárcel para prevenir que no se cometan más violaciones, pero en un contexto de posconflicto hay flexibilidad. Las víctimas siempre tienen su derecho a la verdad, la justicia y reparación. Pero es importante entender que en Colombia, en razón a la justicia penal, solo se conoce la cárcel como castigo. Pero en un proceso de paz hay otros valores como la reconciliación y la rehabilitación, ya que también para la sociedad es muy importante la no repetición del conflicto. Es decir, se requieren medidas administrativas y judiciales para garantizar que si la guerrilla se desmoviliza no entren en otros grupos como sucedió con las autodefensas”.
¿Pero su aplicación es tan amplia para permitirle a la guerrilla no entregar sus armas ni cumplir penas de prisión por crímenes de lesa humanidad?
“Es importante entender qué es un proceso de negociación y que así nadie quiere ir a la cárcel. Cuando los grupos armados se desmovilizan (sus excombatientes) pueden desarrollar acciones de reparación y reconciliación. Justo ahora se abre una alternativa con el desminado, en el que van a trabajar con la Fuerza Pública bajo autoridades civiles y, como en otras acciones, el aporte será considerado para saber qué tipo de sentencia recibe al final. Depende mucho de la implementación de mecanismos que se encaminen de forma positiva en enfoque de reconciliación. Claro está que en razón del proceso de negociación, la guerrilla debe entregar sus armas, muchos países que terminaron sus conflictos lo hicieron en distintos momentos, durante o después de un acuerdo de paz”.
Aquí se compara este proceso con la justicia que se aplicó tras la negociación con paramilitares, que sí incluyó penas de prisión...
“Hay que recordar que, según los informes del Centro de Memoria Histórica, los paramilitares cometieron múltiples crímenes y, en promedio, ocurrió una masacre cada 8 días entre los años 20o1 y 2006 y no hubo casi acciones de la Fiscalía ni órganos de control, había colaboración de agentes de la Fuerza Pública y omisiones del Estado para evitar tanta violencia. Tras su desmovilización el proceso de Justicia y Paz logró algo de verdad, a cambio de una rebaja de sentencias para algunos responsables. Pero casos como la violencia sexual se quedaron casi impunes. ¿Cuando estas personas salgan, después de 8 años de prisión, cambiará su mentalidad? Los centros de reclusión en Colombia, como en muchos otros países, tienen el problema de que no rehabilitan y hay mucha criminalidad aprendida desde la reclusión. Y cientos más continuaron delinquiendo (bandas criminales).
Entonces debemos aprender de esta experiencia y como se va intervenir a estas personas para rehabilitarlas, aunque es difícil para la sociedad que tiene razón para castigarlos. Pero en este momento el objetivo de la negociación con la guerrilla es terminar el conflicto y mejorar la sociedad y no solo castigar, porque hay límites y ellos (guerrilleros) deben reconocer sus responsabilidades y reparar como todos los actores del conflicto. Las Naciones Unidas nunca vamos a estar en favor de la impunidad, pero hay un nivel de flexibilidad para conseguir la paz”.
¿Cómo concibe conciliar la búsqueda de la paz con la justicia y reparación?
“La experiencia internacional nos demuestra que los procesos más exitosos tienen componentes de responsabilidad política, organizacional e individual para conseguir la transición a la paz. En Sudáfrica sucedió con la población negra que consiguió su derecho a votar y la integración a instituciones de Gobierno. En cambio, las acciones de justicia individual fueran pocas, aunque si hubo reconocimiento de responsabilidades. En otros lugares como Guatemala y Etiopía no hubo muchos cambios políticos, pero intentaron muchas acciones penales, pero el número de sentenciados fue poco porque al final los sistemas de justicia no están creados para grandes violaciones masivas que ocurren en los conflictos, sino para juzgar actos individuales. ¿Cuántas sentencias tenemos en la Corte Penal Internacional? Muy pocas.
¿Qué reparación y cambios espera de una negociación exitosa con las guerrillas?
“Las Farc reclaman cambios políticos y sociales y a cambio deben dejar su lucha armada, comprometerse a participar sin armas en los procesos políticos y la reparación. Como organización armada, con el compromiso del Secretariado (cúpula de las Farc) de desmovilizar a todos sus militantes para que no sigan cometiendo delitos y violaciones de derechos humanos. Si no es así, al final hay responsabilidades penales individuales”.
Con 8.000 guerrilleros en frentes permeados por el narcotráfico y la criminalidad hay riesgo de que no se desmovilicen todos...
“Si no lo hacen, ahí deben actuar las autoridades judiciales. Por lo visto aún existe una línea de mando, no tan articulada como hace 10 años o más, pero ellos que conocen su organización tienen ese compromiso, porque la sociedad va a juzgarlos y si quieren participar en política deben hacerse responsables. Las negociaciones deben garantizar la no repetición de la violencia y está claro que la guerrilla está en la ilegalidad, pero pueden retribuir cooperando con el Estado para resolver fenómenos como la minería ilegal y otras prácticas ilícitas en regiones como Bajo Cauca (extorsiones, cultivos ilícitos, narcotráfico)”.
¿Sigue usted preocupado por la suerte de los mandos medios de la guerrilla?
“Es una preocupación porque los mandos medios que están en los territorios son quienes conocen del manejo del narcotráfico, de la minería ilegal y otras prácticas y deben ser comprometidos en esta negociación de paz como agentes positivos. Por experiencia de otros procesos, como el de las autodefensas, sabemos que son los más problemáticos, porque los máximos líderes les interesa participar en política, pero repito ellos están en regiones donde conocen los negocios ilegales. No puede haber solo ceremonia (de desmovilización) y adiós, gracias. Y los combatientes rasos... pues ellos pueden trabajar en programas resultantes de los diálogos, como el desminado”.
¿Usted cree que se puede lograr el desminado en un tiempo récord de 10 años como fue anunciado?
“El desminado humanitario es una labor muy dispendiosa que toma mucho tiempo y es difícil en ese plazo, según la experiencia internacional. En ese plazo se requeriría una gran inversión económica del Gobierno con la información efectiva de la guerrilla sobre la ubicación de los campos minados, además de la cooperación técnica internacional de muchas organizaciones civiles especializadas”.
En informe anual que usted presenta en varias ciudades se enfocó por igual en otros derechos vulnerados que en el conflicto armado...
“Cierto. Hay un enfoque a los derechos humanos relacionados con la salud, la educación, el trabajo, porque sabemos desde la ONU que es parte de las soluciones para lograr una paz sostenible. Este año alertamos que no hay agua potable en el Pacífico y un país tan rico no puede tener tanta desigualdad. Medellín tiene gran desarrollo, pero a pocos cientos de kilómetros en Riosucio la situación es medieval, no hay agua y tienen que usar el río para bañarse, necesidades fisiológicas, para todo y hay enfermedades prevenibles.
Si las guerrillas se desmovilizan pueden reintegrarse a la sociedad, pero qué futuro tiene Riosucio. Allí hay que cambiar la situación con inversión social, oportunidades de salud y educación para que la gente recobre la confianza en el Estado que estuvo ausente”.
