“Los campesinos cocaleros están condenados a la muerte o a la pobreza”, dice Leonardo González, investigador de Indepaz, y esa sentencia es soportada por cifras crecientes.
Durante 2017, 12 campesinos líderes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos, quienes acompañaban al Gobierno Nacional para cumplir el objetivo de reducir por lo menos 50.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, fueron asesinados y el mismo número murió durante protestas en contra de la erradicación forzosa, que busca acabar con otras 50.000 hectáreas. Pero el asunto no quedó ahí, en lo que va corrido de 2018 ya son nueve los asesinados (ver gráfico).
Son varias tensiones
“Hay que tener en cuenta que a pesar del desmonte de las Farc quedaron disidencias, Epl, paramilitares, Eln y emisarios de carteles internacionales (mexicanos) que se oponen a la sustitución. Los campesinos cocaleros están en un contexto de vulnerabilidad, porque la sustitución es vista como un enemigo de la producción de cocaína”, señala Eduardo Álvarez Vanegas, coordinador de Dinámicas de Conflictos y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz.
Por eso un reciente informe de Indepaz señala como los principales responsables de los asesinatos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como “los Urabeños” o el Clan del Golfo, y al Epl.
De acuerdo con Álvarez, también se presentan tensiones entre los pequeños y los grandes cultivadores, quienes no ven en la sustitución ningún tipo de incentivo.
Por otra parte, “hay casos como en Tumaco (Nariño) donde hay una tensión porque las comunidades negras, según el Acuerdo de Paz, son sujetos de restitución de tierras una vez hagan la sustitución de cultivos, y allá llegaron muchos colonos campesinos de Putumayo y de Popayán, hay una gran presión por parte de los colonos para que no se ocupen esas tierras, más las presiones de la disidencia de las Farc, denominada ‘Los de Guacho’, que están patrocinados por narcos muy duros colombianos y mexicanos”.
González considera que si bien el Gobierno está implementando el punto cuatro del Acuerdo con las Farc, no se ha dado cuenta que no basta con la Fuerza Pública, sino que se necesita una política mucho más amplia de protección de territorio.
“Los que peor están son los campesinos cocaleros, porque por un lado los erradican forzosamente y por el otro los obligan a firmar un convenio que es lesivo a sus intereses”, dice el investigador de Indepaz.
Teoría que es secundada por Álvarez, quien manifiesta que “no es lógico mezclar erradicación con sustitución, la primera toma mucho tiempo y debe ir acompañada de políticas de desarrollo territorial, si a la vez le meten medidas de fuerza tiene efectos colaterales no deseados, y los campesinos terminan viendo al Estado como un enemigo y se apegan más a los grupos armados que están protegiendo los cultivos de coca”.
