Mientras la empresa Uber lanzaba su nueva modalidad de servicio de carro compartido en Colombia, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunciaba que habían desplegado un plan de choque para controlar a los conductores de esa compañía en las calles.
Según anunció Rojas después de dar un balance de su cartera, en lo corrido del año los operativos contra Uber (que ya está en 17 ciudades del país) han permitido inmovilizar 1.215 vehículos: 962 del servicio especial y otros 253 de Uber X.
“No puede ser que sigamos permitiendo que en la calle, en las zonas urbanas, los ilegales, esas personas y vehículos que no han sido habilitados como empresa de transporte, vayan prestando un servicio sin ton ni son”, dijo el Ministro durante su encuentro con periodistas en Bogotá, y agregó que no permitirán seguir con esa modalidad porque están “totalmente jugados en ese control”.
Y es que aunque el Ministerio de Transporte ya expidió la resolución que pondrá reglas claras al servicio de taxi de lujo, al que pide que se sume Uber, la compañía no cede.
Lorena Villalta, gerente general de Uber para Bogotá y Cali dijo que la reglamentación, que incluye cambio de color de los vehículos y control por parte del Ministerio, solo aplica a los taxis amarillos y no está abierta a otras alternativas de transporte, como ellos.
“Lo que hace (la resolución) es crear una modalidad dentro de una categoría llamada servicio público de pasajero individual, que son los taxis amarillos. Crea una nueva modalidad que para hacer uso uno necesita tener un cupo y chatarrizar el carro, para poder poner uno nuevo. Da una nueva alternativa de transporte, pero no es lo que hace Uber”, afirmó Villalta.
La funcionaria incluso comentó que Uber apoya una iniciativa que busca recoger 1,7 millones de firmas para proponer una reglamentación especial para este servicio de transporte, que si logra su cometido se presentaría en la próxima legislatura del Congreso.
La reglamentación que quieren, y que Villalta llama proyecto de ley, funcionaría como intermediario entre agentes independientes y privados. Aclararía, además, que Uber no es un servicio de lujo, sino un servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas. “La regulación debe contar con todas las características necesarias para proteger a todos los involucrados en el mercado. Lo básico debe ser reconocer esa nueva realidad”, apuntó la gerente general.
