La suspensión del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por tres meses provisionalmente, estaba cantada en la Procuraduría.
Esto, por considerar que Muñoz autorizó el inicio de operaciones a la EPS Medimás, sin que contara con la red de prestadores de servicios.
El ente de control ya había llamado la atención, debido a las inconsistencias registradas, desde el 1 de agosto que entró en operación, lo que provocó quejas y críticas. “Recibimos una avalancha de denuncias”, manifestó el procurador, Fernando Carrillo.
Es de anotar que nunca antes un Superindente de Salud había sido sancionado. El único precedente que hay de una suspensión fue en 2012. En aquella ocasión se trató del exsuperintendente financiero Gerardo Hernández, por no adoptar medidas para evitar el descalabro de Interbolsa.
La misma Supersalud, el pasado 3 de octubre, evidenció que recibió 20.446 denuncias de pacientes en solo dos meses de operación de la EPS. Ese día, el superintendente destacó el seguimiento que estaban haciendo en Medimás, pero los pacientes se sostuvieron en sus quejas.
“Las alertas fueron desestimadas en una actitud, por lo menos, sorprendente”, dijo el procurador, y agregó que el superintendente “se ha rehusado a cumplir sus deberes”.
Decisión esperada
Francisco Castellanos, de la Organización Defensa del Paciente, manifestó sentir algo de “tranquilidad” con la decisión tomada por la Procuraduría y la percibe como una respuesta a las denuncias de los pacientes y de las entidades.
“Quisiéramos, de ahora en adelante, una intervención efectiva. Que quien llegue en reemplazo cumpla su deber”.
El presidente de la Asociación de Usuarios de Medimás, Germán Loaiza, espera que esta medida también cobije al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien, según él, ha ignorado lo que pasa con esta EPS. “Desde que nació Medimás conocimos que no tenía capacidad y nadie hizo nada”.
EL COLOMBIANO llamó al superintendente para conocer su reacción, pero desde la oficina de comunicaciones respondieron que no hay una notificación formal y que “el equipo jurídico estudia la investigación de la Procuraduría”.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que los señalamientos y la investigación no resuelven el problema. “Invito respetuosamente a la Procuraduría a trabajar por el cumplimiento de este propósito. Hay que superar la crisis de confianza actual”, indicó.
Tras la notificación, el superintendente tendrá 10 días hábiles para solicitar consulta ante la Sala Disciplinaria y el presidente Juan Manuel Santos será quien decida sobre el reemplazo de Muñoz.
