El asesinato de líderes sociales es un fantasma que cada tanto vuelve a aparecer en el país como recuerdo de lo riesgoso que resulta pensar diferente. Con la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, las cifras se dispararon y el reclamo de las organizaciones se contrapone a la respuesta del Gobierno que asegura que no hay sistematicidad en esos homicidios.
De acuerdo con Marcha Patriótica, en lo que va corrido de 2017 van 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, casi todos ubicados en zonas con circunscripciones especiales de paz. Sin embargo, las cifras no son claras, según Somos Defensores van 131, Paz y Reconciliación dice que son 82 y la ONU reporta 106.
En su último informe semestral Indepaz, Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas advirtieron que “se evidencia una cercanía espacial de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el año 2016 y primer trimestre de 2017 con las regiones priorizadas para la implementación del acuerdo de paz que se firmó entre el Gobierno Nacional y las Farc”, es decir, el patrón de los asesinatos es claro: tienen que ver con la implementación del Acuerdo.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que, de acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la Nación, “no se puede decir a estas alturas que hay un patrón, una política sistemática”.
El mandatario informó que hay 54 imputados por crímenes de líderes comunales, de las víctimas, indígenas, afrodescendientes, líderes sindicales y miembros de la comunidad LGTBI, lo cual demuestra que la Fiscalía ha hecho una labor importante.
El reclamo para frenar estos ataques no es solo de las organizaciones colombianas, la ONG Consejo Noruego para Refugiados le pidió al Ejecutivo “que reduzca a cero el número de asesinatos de líderes e implemente todas las medidas necesarias para lograr rápidamente una paz duradera que beneficie a las poblaciones más vulnerables”.
EL COLOMBIANO presenta algunas opiniones de líderes sociales que sienten que su vida está en riesgo, muchos otros no quisieron ser nombrados en medios de comunicación, porque temen exponerse más.