De las 18 líneas de investigación que ha abierto la Fiscalía sobre los nexos y sobornos de la multinacional Odebrecht con la clase política colombiana, el que más ha avanzado –y acaparado titulares de prensa– ha sido la adición de contrato número 6 para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, dentro del entramado de la Ruta del Sol 2.
Por la irregularidad en la firma de este otrosí, para el que no se hizo una licitación y se habría agregado a la concesión de 4G, presuntamente, violando las normas creadas para este tipo de contratación, han sido vinculados nombres de peso de la clase dirigente, como las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, y el exsenador Bernardo Elías.
Sin embargo, en los últimos días se ha desatado una polémica alrededor del rol que jugó como abogado en este contrato el hoy jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez. El concepto favorable al otrosí que, emitió Martínez en su momento, se conoció oficialmente.
En una misiva dirigida a Eder Paolo Ferracuti, presidente de la Concesionaria Ruta del Sol y fechada el 10 de septiembre de 2012, el fiscal firmó un concepto en el que consideró innecesario la realización de una licitación distinta para la ejecución de la Ocaña-Gamarra, que atraviesa transversalmente al tramo pactado para la Ruta del Sol 2, “toda vez que la eventual actividad descrita podría entenderse como parte del objeto del contrato de concesión”, argumenta.
“La ejecución de los proyectos de concesión no se limitan a la ejecución de las obras, sino que trasciende al cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, el cual se logra desde los beneficios locales que se van adicionando para lograr una ganancia nacional”, concluye.
Si bien es cierto que las acusaciones de la Fiscalía en torno a la celebración del otrosí 6 giran alrededor de los sobornos que se habrían dado para forzar la aprobación de la adición que costó 799 mil millones de pesos, dentro del marco jurídico se anota que se habría faltado al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para las adiciones en la concesión.
Este concepto, que fue emitido por la Contraloría, habla de que la Ocaña-Gamarra no tenía relación directa y necesaria con el objeto inicial de la Ruta del Sol 2, que es la conexión entre el centro del país y los puertos de la costa caribe, posición contraria a la del entonces abogado Martínez.
Al ser cuestionado por estos hechos, el Fiscal aseguró que no fue el abogado de Odebrecht, sino que fue contratado para una asesoría, que su escrito dice que ese contrato no se podía entregar directamente y que, aunque se encuentra impedido en el caso, de cualquier manera, se trata de una investigación que sus fiscales han hecho.
Aún así, para el senador Jorge Robledo, el fiscal “enredó” la explicación de su concepto pues este “no se refiere a cómo se concesiona la obra sino a cómo se construye, que son cosas diferentes”, por ello, anunció que denunciará formalmente al funcionario.
