Por su presunta relación con conductas como incremento patrimonial injustificado, seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, y una red de prostitución dentro de su institución denominada la “comunidad del anillo”, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria al general Rodolfo Palomino López, director de la Policía.
El procurador Alejandro Ordóñez anunció que la decisión se tomó tras dos meses de indagaciones preliminares, que incluyeron entrevistas a uniformados como el capitán Anyelo Palacios Montero y el capitán (r) John Marín Larrahondo, quienes atestiguaron sobre la “comunidad”.
El Ministerio Público remitió las copias de algunas pruebas a la Fiscalía, que podrían “encuadrar en delitos como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas”. Según Ordóñez, en esos comportamientos habría participado un senador, “quien actualmente se desempeña en un alto cargo del Gobierno”.
Aunque el procurador no mencionó el nombre de ese funcionario, poco tiempo después de su declaración, en la mañana de ayer, renunció el viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Carlos Ferro Solanilla, quien resultó salpicado en el escándalo.
Para agravar su situación, fue filtrado a los medios de comunicación un video que la Procuraduría había recaudado como prueba, presuntamente grabado en noviembre de 2008, en el cual el capitán Palacios grabó a Ferro cuando ambos viajaban en un carro por las calles de Bogotá, en días en que el segundo era congresista.
En la conversación hacen referencia a encuentros sexuales con otros hombres y entre ambos, aunque no queda en evidencia alguna acción ilegal.
Sin embargo, el procurador aseguró que la “comunidad” involucraría a “ciertos miembros del Congreso” en complicidad con oficiales de la Policía, incluido Palomino.
Palomino se defiende
El director de la Policía, desde finales del año pasado, sostiene que es víctima de una campaña de desprestigio.
Ante la apertura del expediente disciplinario, publicó un comunicado según el cual valora que se adelanten las investigaciones pertinentes “que yo mismo he solicitado”.
Dijo que respetará las determinaciones del Ministerio Público, seguro de que la justicia reivindicará “la dignidad que se me ha querido arrebatar con mentiras e infamias”.
Informó que su familia se ha visto afectada por los señalamientos.
En octubre de 2015 denunció por injuria y calumnia a los subalternos que lo implicaron en supuestos actos de acoso sexual, perpetrados hace más de 10 años. En ese entonces el fiscal General, Eduardo Montealegre, indicó que le daría celeridad a esas diligencias, pero al día de hoy no hay resultados concluyentes.
El ente acusador le manifestó a este diario que hay 11 investigaciones activas contra Palomino, que por su fuero de general son llevadas por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Ni el Ministerio de Defensa ni el del Interior se pronunciaron sobre los hechos. Desde la oficina de prensa de la cartera del Interior manifestaron que la renuncia de Ferro estaba prevista desde antes “por reestructuraciones del Viceministerio, pero lo ocurrido hoy (ayer) aceleró las cosas”.
El senador del partido de la U. y líder de la bancada santista en el Congreso, Roy Barreras, habló a favor de su excopartidario, indicando que no había pruebas de que hubiese cometido delitos. “El acoso sexual es miserable y reprochable y debe ser castigado. La vida íntima de los colombianos no puede ser objeto de sanción”, escribió en Twitter.
El escándalo podría crecer
Un funcionario de la Fiscalía, quien solicitó la reserva de su identidad, le narró a EL COLOMBIANO que el ente acusador conocía de la existencia de la red de prostitución dentro de la Policía desde 2011.
En el marco de las investigaciones por la parapolítica, según la fuente, esa entidad interceptó los teléfonos de decenas de congresistas, magistrados, uniformados y empresarios que conversaban a través de las líneas con los sospechosos. “Nos llegó la orden desde la Dirección Central, de analizar más de 40.000 horas de audio y rendir informes periódicos sobre lo que oyéramos. Eso fue a principios de 2011 y trabajamos durante cinco meses en el búnker de Medellín, y no habíamos alcanzado a oír ni la mitad cuando nos pidieron que devolviéramos los CD a Bogotá”.
Según el servidor público, en las interceptaciones hablaban congresistas con policías y quedaba en evidencia el comercio sexual con hombres y mujeres y el pago de esos favores con ascensos y cargos. “No sé por qué nunca se abrieron investigaciones, si ya estaban listos los informes y los audios”, dijo el investigador.
De la “comunidad del anillo” comenzó a hablarse en 2006, tras la muerte de la alférez Lina Zapata dentro de la Escuela de Cadetes General Santander. Su familia denunció ante los medios que la joven de 19 años fue asesinada por haber descubierto la red de prostitución, mientras que la Policía adujo que había sido un suicidio por despecho.
En general, las denuncias interpuestas en la Fiscalía y la Procuraduría tratan sobre hechos supuestamente cometidos hace ocho años o más; sin embargo, el escándalo estalló solo ahora, cuando en la Policía parece haber una disputa interna que en los últimos meses produjo cambios en su cúpula y despidos de comandantes, por diversos motivos.
El pleito derivó en filtraciones de información y quejas en organismos de control, que también relacionaron a Palomino con el presunto incremento patrimonial injustificado, por medio de la adquisición de propiedades en Cundinamarca, y en los seguimientos e interceptaciones ilegales a los periodistas que investigaron esos hechos. Esta última denuncia fue ratificada por el fiscal Montealegre en diciembre, quien precisó que la orden de interceptar salió de la Policía.
El fiscal anunció además que su despacho no descartaba la hipótesis de un complot contra Palomino, mientras que el presidente Juan M. Santos creó un comité para investigar todos estos casos, el cual debe presentar su informe a más tardar el 10 de marzo.
