En la historia quedará consignado que durante el doble periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018), la justicia atravesó dos momentos críticos.
El primero fue el diseño y construcción del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se convirtió en el pulmón del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo. Fruto de ese sistema es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional con la cual se juzgará a los desmovilizados de las Farc.
La aprobación del proyecto se logró entre un camino de espinas, con arduos debates en la mesa de diálogos de La Habana, el Congreso de la República y hasta las urnas, en las que la población castigó al Gobierno con el plebiscito, en gran parte porque la gente objetó los beneficios de la JEP para los insurgentes.
El segundo momento crítico lo constituyeron escándalos de corrupción judicial que salpicaron a magistrados de las altas cortes, funcionarios de la Fiscalía y congresistas, en lo que el país ha conocido como el Cartel de la Toga.
En la era Santos hubo también un cambio en la percepción del trato que la justicia debe darles a los campesinos que cultivan estupefacientes y a sus consumidores, un tema que por décadas ha sido tabú en el país. El mandatario saliente consideró que la visión punitiva estaba desgastada y promovió en instancias internacionales un enfoque diferenciado para cada actor de la cadena del narcotráfico.
Así, mientras los adictos serán tratados como pacientes, los sembradores esperan programas para insertarse en la economía legal. Quienes cosechan marihuana, por ejemplo, ya pueden aspirar a licencias de operación, siempre y cuando sea para fines científicos y medicinales.
En contraposición, un aspecto en el que poco se avanzó fue en el de la crisis carcelaria. El hacinamiento no solo desbordó las prisiones, sino que se trasladó a estaciones de Policía, sedes de la Fiscalía y de juzgados, en los que los detenidos padecen deplorables condiciones de albergue.
6
ministros de Justicia tuvo Santos: Juan Carlos Esguerra, Ruth Stella Correa, Alfonso Gómez Méndez, Yesid Reyes, Jorge Eduardo Londoño y Enrique Gil Botero.
20
magistrados y 4 terceros autorizados (
amicus curiae) conforman el Tribunal de JEP.
19,7%
de las personas condenadas reinciden en el delito, en especial en hurto: Fiscalía.
LAS TAREAS PENDIENTES EN EL PAÍS
1.Para las mujeres
Según las propuestas del próximo mandatario, Iván Duque, consignadas en su página web oficial, la justicia tendrá enfoque de género: “vamos a garantizar la diligencia para investigar a cada responsable de violencia contra las mujeres”.
2. Ojo a contratación
El presidente electo propone que “los criterios para contratación directa serán limitados y de aplicación estricta”. Eso se complementaría con “muerte comercial” a empresarios e intermediarios que sobornen, impidiéndoles contratar con el Estado.
3. Contra corruptos
“Funcionarios que reciban sobornos perderán todos sus privilegios”, fue una promesa de campaña de Duque. Propone que servidores públicos implicados en corrupción vayan a cárceles, sin beneficios de detención domiciliaria.
4. Entes de control
Hay que aumentar la independencia de entes de control (superintendencias). Duque plantea la “muralla china” entre poderes, para que familiares de magistrados o congresistas que nominaron candidatos a entes de control, no sean nombrados en estos.
5. Cadena perpetua
En Colombia no existe la cadena perpetua, pues la pena máxima contemplada en la Ley vigente es de 60 años de prisión; sin embargo, Iván Duque propone instaurarla para los violadores y asesinos de menores de edad.
LOS RETOS DEL NUEVO PRESIDENTE
1. Reforma a justicia
Pese a tener la bancada mayoritaria en el Congreso, Santos no logró una efectiva reforma a la justicia. Quedan en el tintero temas como la independencia de poderes, la congestión judicial y la delimitación de funciones de los magistrados.
2. Plan de extradición
La extradición es efectiva para evitar que capos encarcelados sigan delinquiendo, como sucede en Medellín. Según Minjusticia, en el último año aprobaron 169 extradiciones y hay 118 pendientes, entre ellas la del exguerrillero Jesús Santrich.
3. Pleitos al estado
En la actualidad el Estado enfrenta 1.100 demandas jurídicas, que están pendientes de fallo. Las pretensiones en contra de la Nación superan los $4 billones 600.000 millones. De perder estas demandas, se vería afectado el presupuesto estatal.
4. Cupos en carceles
Al nuevo Gobierno le tocará lidiar con el hacinamiento carcelario. Deberá terminar la colonia agrícola de Yarumal (Antioquia) y otros proyectos pendientes en Buga, Girón e Ipiales, con lo que se podrían crear 3.380 cupos nuevos para los detenidos.
5. Política antidrogas
Además del creciente consumo interno, queda pendiente implementar la política que da trato diferencial a campesinos cultivadores y consumidores. Y desarrollar normas para el uso medicinal y científico de marihuana, para lo cual ya se expidieron 33 licencias.
