Son tantas las polémicas e inconformidades desatadas por la Justicia Especial para la Paz, JEP, que el presidente Juan Manuel Santos aceptó reunirse con el candidato presidencial del partido Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, para tratar el descontento.
Sobre el asunto, el Jefe de Estado aseguró que lo importante es que las “Farc serán juzgadas”, y como se han presentado dificultades en la implementación “es natural que uno se reúna, como lo han hecho los ministros, con los directivos de esta organización”.
Para continuar el trámite de la JEP, el martes en la noche inició en la Cámara de Representantes la que debe considerarse la última ronda para aprobar la columna vertebral del Acuerdo de paz, y el escenario no ha variado desde que inició su discusión: la polarización en los partidos, las ponencias que sugieren cambios y la inconformidad de todos los sectores implicados.
“La reglamentación debe estar lista antes del 30 de noviembre. Se acatará el fallo de la Corte Constitucional sobre la participación en política de miembros de las Farc, los delitos a menores no entrarán en la JEP y se propondrá un nuevo régimen en materia de conflicto de intereses, así como de impedimentos para los magistrados del alto tribunal” aseveró el representante a la Cámara y ponente, Hernán Penagos.
Si bien muchas de las reformas presentadas en la ponencia plantean cambios más de forma que de fondo, otros puntos van más allá. Entre los que más generan diferencias entre los parlamentarios están la participación política y las víctimas. (ver despiece).
Pese a que el Gobierno estuvo de acuerdo con la mayoría de puntos de la ponencia, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que hay “diferencias” en algunas apreciaciones como la pérdida de beneficios para algunos excombatientes y los delitos que los excluirían de obtenerlos.
El tiempo para consolidar la JEP corre en contra, razón por la cual desde el Congreso solicitaron aprobarla de una vez para brindar garantías de una verdadera reintegración.
