Son al menos 20 actos violentos y factores de inestabilidad los que ha registrado la Defensoría del Pueblo en varias zonas del norte de Chocó en límites con Antioquia, y que fueron suficientes para que el titular de esa dependencia del ministerio público, Carlos Negret, decidiera emitir dos alertas tempranas para buscar la protección de unas 35 mil personas que habitan en esa región.
El Defensor del Pueblo se encuentra en esa zona del país, en un recorrido que comprende las poblaciones de Quibdó, Tagachí, Bojayá, Murindó, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Turbo, donde ha logrado evidenciar la disputa de integrantes de la guerrilla del Eln y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, (Clan del Golfo), por los territorios que hasta hace más de un año tenían una fuerte presencia de los frentes 34, 57 y 58 de las Farc.
En una primera alerta, el ministerio público advirtió sobre la “persistencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario en las poblaciones de Bojayá y Medio Atrato (Chocó), como también en Vigía del Fuerte (Antioquia). Allí, dice el informe, la amenaza de “una expansión del Eln y las Agc, combates entre esas estructuras, el repoblamiento y el despojo de territorios ancestrales y de la conformación de nuevos grupos armados”, es alta.
A propósito de la creación de otras organizaciones ilegales, la Defensoría asegura que desde finales de 2016, las comunidades que están en las cuencas de los ríos Bebaramá y Bebará, “han sido víctimas de amenazas, extorsiones y de incursiones armadas por parte de miembros de una nueva estructura ilegal, no identificada, a la que se le han unido presuntos milicianos de las Farc que no se acogieron al proceso de paz y que quieren ejercer control de la minería ilegal y establecer relaciones con otros grupos ilegales”.
Sobre la situación, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “el Estado debe tomar medidas urgentes para que una masacre como la ocurrida en Bojayá en 2002 no se vuelva a repetir en Colombia. Las confrontaciones entre el Eln, grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado continúan amenazando directamente a pueblos indígenas y afrodescendientes del país. La organización hace un llamado urgente para que tomar medidas inmediatas de protección. Las poblaciones que viven en medio del conflicto exigen una respuesta integral del Estado”.
