Gran polémica causó en el país la revelación que hizo el periodista vallecaucano Yesid Toro luego que declara públicamente que se autoamenazó para recibir beneficios del programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Gobierno Nacional.
Toro, a través de una carta explicó los argumentos que tuvo para recurrir al grave hecho que fue rechazado por los colegas, organizaciones defensoras de derechos humanos y el Gobierno Nacional.
“La Flip hace un llamado a los comunicadores para que recuerden que la labor de las organizaciones de Derechos Humanos y de las autoridades se basa en el principio de buena fe frente a las denuncias que las personas en riesgo hacen. No cumplir con esta obligación pone en riesgo la credibilidad de hechos que ocurran posteriormente en contra de sus colegas”, señaló la Fundación para la Libertad de Prensa en un comunicado.
El pasado 29 de septiembre se conoció un falso panfleto de las banda criminal de “los Urabeños”, en el que se nombraban ocho periodistas que se convertirían en objetivos por las supuestas y reiteradas informaciones producida por los comunicadores.
Toro, que ya gozaba de los beneficios de protección destinados por la UNP, dijo que con la falsa información buscaba “el pago de unos dineros que me adeudaba el Programa de Protección y la prórroga del esquema de seguridad que me había brindado el Estado, al cual he renunciado esta misma tarde (viernes)”, le reconoció al periodista Miguel Ángel Palta.
El periodista reconoció que fue quien envió el correo con la amenaza y en el que nombraba a otros colegas. Así mismo, señaló que se someterá a la justicia que tendrá que iniciar un proceso legal por las falsas amenazas.
“Me quiero pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que tomen las acciones que crean pertinente, respecto a lo que yo estoy en este momento declarando”, señaló Toro.
No obstante, la Flip en su misiva calificó de suma gravedad que la UNP no cumpla con los pagos que lleve a las malas prácticas por fuera de la ley, pero también reconoció el error del periodista en este caso. “La asignación de dinero por parte del Estado como medida de protección, como en al caso de Toro, es un mecanismo que cuando falla facilita el fraude, sin embargo, la FLIP es clara en que no lo justifica”.
