Casi cinco años después de huir de Colombia cuando el escándalo de las “chuzadas” del DAS la puso en la mira de las autoridades, a María del Pilar Hurtado se le agotaron los recursos legales para evadir a la justicia colombiana. Tras su entrega y deportación desde Panamá, ahora su suerte está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Quien entre los años 2007 y 2009 fuera directora del organismo de inteligencia que por una larga historia de irregularidades y corrupción fue liquidado por el actual Gobierno, es acusada de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.
El proceso judicial comenzó en firme ayer, cuando se realizó la audiencia de legalización de su captura e imputación de cargos. La ex directora del DAS permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá por su seguridad.
Su deportación en la madrugada de ayer revive el debate entre los dirigentes políticos y defensores de derechos humanos de izquierda, que se consideran víctimas de las interceptaciones ilegales del DAS por su oposición al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y los partidarios de este, que insisten en una persecución política al uribismo.
El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, parte civil en el proceso como blanco de las “chuzadas”, reaccionó asegurando que “la entrega de María del Pilar Hurtado a la justicia colombiana es una gran noticia para las víctimas de las interceptaciones ilegales del extinto DAS”.
Desde su cuenta de Twitter el congresista aprovecho para sus señalamientos al expresidente al reiterar que “testigos afirman que “Hurtado informaba personalmente a @AlvaroUribeVel sobre operaciones criminales que ejecutaba el DAS”. También escribió: “Quien debe estar pensando ahora en tramitar asilo es @AlvaroUribeVel. Espero que dé la cara a la justicia”.
También se sumó la exsenadora Piedad Córdoba, quien se declaró víctima de “chuzadas”. Afirmó que desde el DAS se hicieron “montajes asociándome con las Farc”.
Defensa del Uribismo
Como se esperaba, desde el Centro Democrático salieron en defensa del exmandatario. El senador Ernesto Macías atribuyó el caso a una “persecución política” y dijo que espera que la justicia no sea politizada en contra de Hurtado.
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó y criticó la “presión del Gobierno de Santos a Interpol”. Cuestionó la “coincidencia no fortuita entre la declaración de Óscar Iván Zuluaga por la infamia del hacker y la revocatoria de Interpol de las garantías a Hurtado”.
Agregó que la exfuncionaria es “víctima de matoneo por parte de Santos y sectores cercanos a las Farc y del extremo izquierdismo que pretende apoderarse de la justicia”.
Y es que Hurtado se quedó sin opciones para permanecer en Panamá luego de que la Policía Internacional (Interpol) expidiera una circular roja de captura en 190 países. Como no tenía pasaporte porque fue cancelado por las autoridades colombianas, y el Gobierno panameño declaró inconstitucional su asilo en 2014, su estadía era ilegal.
Así lo reconoció su abogado, Jaime Camacho, quien explicó que “al no quedarle ningún recurso jurídico decide entregarse, pues estuvo siempre dentro de la ley”.
El defensor aseguró que ahora esperan “las garantías del debido proceso de cara al llamado a juicio de la Corte Suprema de Justicia” por los delitos relacionados con espionaje y seguimientos contra magistrados, periodistas, activistas y políticos opositores del gobierno anterior.
María del Pilar Hurtado ha negado los cargos y a fines de 2010 se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida “corría peligro y que no tenía las garantías para someterse a un juicio justo”.
Santos-Uribe, más distantes
Una consecuencia que advierten los politólogos y analistas de este caso es un mayor distanciamiento entre el Gobierno y el Centro Democrático.
“Los opositores del expresidente Uribe tratarán de aprovechar la situación para sacar réditos políticos, mientras que los seguidores del Centro Democrático tratarán de insistir en que se trata de una persecución política” contra esa colectividad”, indicó a Colprensa Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia.
El director de la Fundación Indepaz, Camilo González Posso, considera que no puede considerarse una persecución política, “pues es muy sólida la argumentación jurídica de la Fiscalía” en la investigación por las “chuzadas” del DAS.
Los analistas coinciden que el caso puede ser instrumentalizado para avivar la polarización de cara a las elecciones regionales de octubre, el próximo pulso entre las fuerzas santistas y uribistas.
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