Ni estados de excepción, ni sesiones extraordinarias en diciembre y enero, ninguno de esos rumores resultaron ciertos. Después de dos semanas del fin del fast track, que terminó con el hundimiento de la reforma política y las curules especiales para la paz, el Gobierno decidió continuar con el trámite de los siete proyectos de ley pendientes por la vía ordinaria, pero con mensajes de urgencia; petición que fue llevada ayer al Congreso.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que este llamado permitirá el estudio en comisiones conjuntas, lo que ahorra tiempo en el trámite y que descartaron la conmoción interior porque serían muchas las críticas que recibiría el Gobierno al usar las vías extraordinarias para sacar adelante leyes.
“No convocamos a extraordinarias porque los congresistas ya están en campaña y ninguno va a venir a sesiones. Confío en que el próximo año, entre el 16 de marzo y el 20 de junio, finalice el trámite de las siete iniciativas relacionadas con el Acuerdo que quedaron en curso (ver recuadro). La etapa más dura fue esta que termina, del año preelectoral”, le dijo Rivera a EL COLOMBIANO.
El Gobierno le pidió concepto al Consejo de Estado y esta semana fue socializado en el Consejo de Ministros. Los siete proyectos no tienen que ser radicados de nuevo, porque fueron presentados en junio de este año, y tampoco tienen que empezar de cero, sino que continúan con lo pendiente, pero con el mecanismo tradicional.
Sola una iniciativa será retirada, la que pretendía hacer una modificación parcial de la ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, para permitir que se hiciera una excepción en asuntos de contratación pública en la ejecución de los programas especiales de implementación de Acuerdo, como el paquete para construir 51 vías terciaras en 50 municipios del país, por un monto de 50.000 millones.
Es de anotar que aunque desde el inicio este fue uno de los proyectos más cuestionados por el Centro Democrático, bajo el argumento de que se prestaba para hacer campaña con recursos públicos, Rivera afirmó que la decisión corresponde a que la ley de garantías ya entró en vigencia y no hay nada que hacer.
