La reciente condena de Iván Mauricio Ochoa Yepes, sargento viceprimero del Ejército, quien deberá pagar 43 años de prisión por estar involucrado en uno de los llamados “falsos positivos”, revivió una temporada de terror en la que un batallón de ingenieros (Pedro Nel Ospina) de la IV Brigada se convirtió, con 86 muertes de supuestos delincuentes en 2006, en la unidad militar con más “resultados” del país, incluso por encima de otros grupos de contraguerrilla ubicados en las zonas más complicadas del territorio nacional.
Pero la mayoría de esos resultados, al parecer, se trataron de homicidios en persona protegida.
La lectura de la sentencia del sargento Ochoa por parte del juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia fue contundente: “declarar al procesado Iván Mauricio Ochoa Yepes, coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, como consecuencia de lo anterior, se le condena a pagar las penas principales de 43 años de prisión”.
El sargento Ochoa Yepes hizo parte de lo que se podría llamar un “escuadrón de muerte”, que contaba con personas dedicadas a reclutar las víctimas, otros se encargaban de conseguir las armas, y sujetos como el ahora sentenciado, eran quienes “maquillaban” la escena del crimen para que luciera como un operativo “legal”.
Los hechos por los que se dio esta condena ocurrieron el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Oriente antioqueño, donde como dice el fallo, “tropas del Ejército pertenecientes a la escuadra Halcón 1 del Batallón Pedro Nel Ospina, dieron muerte a los señores Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego en un aparente combate”.
Según el relato de otros militares, que estuvieron y participaron de esos hechos, y quienes ya responden ante la justicia, las dos víctimas, una de ellas menor de edad en ese entonces, fueron llevadas por medio de engaños hasta una casa abandonada donde los uniformados los asesinaron y los presentaron como “bajas en combate”.
En una de las indagatorias del proceso (19/06/2013), otro sargento, identificado como Eneil Quiroz Flórez, dio detalles de lo sucedido esa noche, en la que se comprobó un nuevo caso de “falso positivo” por parte de unidades adscritas al batallón Pedro Nel Ospina.
“El sargento Ochoa me había manifestado que los muchachos (soldados) venían voluntariamente, ya que les habían manifestado que se iban a ganar una plata porque iban a descargar una mula, arrancamos para arriba en los carros, cuando llegamos allá, a la vereda que yo llamo La Raya, nos bajamos, mi teniente dice que él los mata, que él hace la vuelta, caminamos con los muchachos (víctimas) diciéndoles que íbamos para la base a pedirles antecedentes”, narró el sargento Quiroz al juzgado.
Según pudo establecer la Fiscalía y el juzgado una vez escucharon a los procesados, la mayoría de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el batallón Pedro Nel Ospina se volvieron sistemáticas y cada vez mejor planeadas. En el caso que se está narrando, participó un taxista, ya condenado, y quien era el encargado de reclutar, movilizar a las víctimas y entregárselas a la unidad militar, cuyos integrantes se encargaban del resto; el premio, según se conoció en el expediente judicial, era dinero de recompensas ofrecidas por resultados, descansos, viajes y hasta menciones de honor.
La confesión de Quiroz dio más detalles a las autoridades para conocer como ocurrió la muerte de esos dos civiles, a quienes antes de ser ultimados “les ofrecen un cigarrillo con el fin de establecer si eran izquierdos o derechos, yo me retiro del sitio, cuando bajamos a mirar si ya los habían matado, el teniente me manifiesta que hay un muchacho que todavía está vivo, a lo cual le digo que le dispare bien, yo cojo mi fusil y le hago un disparo pero el muchacho continúa vivo y el teniente le vuelve a disparar en varias ocasiones, ya estando los muchachos muertos”.
Es en ese momento cuando según la investigación de la Fiscalía y la narración del militar, “entra el sargento Ochoa a organizar lo de las armas y a hacer impactos hacia una vivienda que estaba vacía a la orilla de la carretera, con el fin de que se mirara la trayectoria de la supuesta hostigada que habían hecho los occisos y es ahí cuando el teniente Cuéllar dice que digamos que yo estaba con un grupo de soldados en la parte izquierda y él en la parte derecha de la vivienda y como bajaba un camino, que manifestáramos que los muchachos (víctimas) venían bajando por ahí y que se les hizo la proclama y que ellos nos atacaron”.
Por lo sucedido en la noche del 18 de abril de 2006, a parte de la reciente condena del sargento Ochoa, la justicia ya sentenció al teniente Manuel Cuéllar a 36 años de prisión, a Luis Norberto Serna (taxista reclutador) a 25 años, y están acusados dos coroneles, un mayor y diez soldados profesionales.
Víctimas piden respuestas
Son decenas las víctimas de estas prácticas que utilizaron algunos integrantes del Ejército, que aún no obtienen todas las respuestas de lo que pasó, y que esperan por lo menos justicia para los responsables.
Blanca Restrepo Quintero es la mamá de Irne Antonio Mosquera, un joven de 22 quien fue desaparecido y asesinado por un grupo de soldados adscritos al batallón Pedro Nel Ospina.
“Fue el 25 de marzo de 2006, el día que mi hijo no volvió a la casa”, cuenta la madre del afectado que desapareció con otros dos jóvenes, “esos otros dos muchachos aparecieron muertos a los pocos días en la Comuna 13”.
Sobre el hijo de Blanca no se supo nada por esos días, solo cuatro años después cuando los restos de Irne Antonio fueron exhumados en el municipio de Abejorral, oriente de Antioquia.
“Fueron cuatro años llenos de angustia, de no saber absolutamente nada de mi hijo, a mí me avisaban que supuestamente lo habían visto en un pueblo y para allá arrancaba, pero no pasaba nada.”
Al recuperar los restos de su hijo, la Fiscalía la contactó y le expresó que lo ocurrido era un caso de “falso positivo”, a partir de ahí supo que su muchacho había sido asesinado al otro día de su rapto, reportado como “guerrillero dado de baja” y enterrado como NN.
“Yo vi fotos en la Fiscalía, a él le pusieron pasamontañas, botas pantaneras, granadas, una pistola oxidada, y estaba al lado de otro joven muerto con la misma apariencia”, expresa Blanca, recordando ese episodio de su vida.
La mamá de Irne Antonio Mosquera continúa asistiendo a las audiencias relacionadas con la muerte de su primogénito y de otras decenas de víctimas de un puñado de oficiales, suboficiales y soldados del Pedro Nel Ospina.
“A mí me duele mucho todo lo que pasó, incluso me da pesar de las familias de los soldados que están en la cárcel por todos estos hechos, pero lo peor que me puede pasar es que ni el Ejército ni otra autoridad han llamado a pedir perdón o darme explicaciones, es lo mínimo que espero”, dice Blanca Restrepo.
Trabajo para no repetición
Una década después de uno de los años más oscuros para el Ejército Nacional, esa institución viene trabajando fuertemente para que ese tipo de hechos no se repitan en ninguna parte del territorio nacional.
Según el general Jorge Horacio Romero, actual comandante de la IV Brigada, “el Ejército lleva más de 15 años trabajando con el Ministerio de Defensa en el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. El alto oficial dice que “precisamente el tema de la legislación y la jurisprudencia ha sido un marco importante del cual nosotros nos hemos acogido para el desarrollo de nuestras operaciones”.
El General reconoce que muchos hombres de la institución se encuentran “con dificultades complejas desde el punto de vista jurídico”, pero eso “nos enseñó a desarrollar nuevas estrategias importantes desde la base, que son los centros de entrenamiento de brigada, los batallones de instrucción, en donde es primordial todas las instrucciones y academias en referencia a los derechos humanos”.
Según el comandante, el Ejército también se ha fortalecido “en todos los temas jurídicos, teniendo asesores jurídicos operacionales, en cada uno de los batallones, de las brigadas, más las capacitaciones a nuestros abogados que ayudan al planeamiento de las estrategias a desarrollar en las diferentes jurisdicciones”.
Registro negativo
Según las investigaciones que adelanta la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, la IV Brigada es una de las unidades militares que más tiene procesos abiertos por homicidios cometidos por agentes del Estado, y entre sus diez batallones el Pedro Nel Ospina es el que lidera ese registro negativo.
Según el ente acusador, en el departamento hay en la actualidad 602 hechos de ejecuciones extrajudiciales investigados, más del doble que lo que se lleva en Meta, segunda región del país con más indagaciones por ese tipo de hechos (ver gráfico).
EL COLOMBIANO consultó a Carlos Andrés Guzmán Díaz, director de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sobre el trabajo que adelanta su despacho en todo el país y las investigaciones que se llevan para esclarecer lo que podría ser uno de los capítulos más oscuros de las Fuerzas Armadas colombianas.
¿Cuántos procesos adelanta la Fiscalía contra integrantes de la Fuerza Pública por los llamados “falsos positivos”?
“En la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se tramitan 2.308 investigaciones de homicidios cometidos por agentes del Estado, de los cuales 1.453 se llevan por ley 600 de 2000 y 898 por ley 906 de 2004”.
¿Cuántos procesos se adelantan contra civiles por “falsos positivos”?
“Dentro del proceso de depuración que se está realizando, se está determinando concretamente cuántos civiles pudieron estar involucrados en estas investigaciones, dato que no resulta fácil de establecer, pues buena parte de los casos involucran tanto militares, como civiles, éstos últimos en una participación que se suele llamar comúnmente como ‘reclutadores’”.
¿Tiene información sobre la cantidad de personas condenadas por esos delitos?
“Hay 903 miembros de la Fuerza Pública condenados por homicidios cometidos por agentes del Estado”.
¿Qué delitos son los que se están tipificando en los procesos de “falsos positivos”?
“En los ‘falsos positivos’ se investigan todas aquellas conductas que son violatorias de la vida y la integridad personal, la libertad individual y otras garantías, así como las que constituyen delitos contra las personas y bienes protegidos por el DIH. Tal es el caso de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura, secuestro, entre otros. Adicionalmente, en múltiples procesos se han encontrado otros delitos asociados a estas conductas, como encubrimiento, concierto para delinquir, falsedad en documento público, falso testimonio y porte ilegal de armas”.
¿Hay orden del Fiscal General para agilizar los procesos relacionados con los “falsos positivos”?
“El Fiscal General es insistente en señalar que todos los procesos que se tramitan en la Dirección Nacional de D.H. y DIH deben ser impulsados hasta lograr el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía aprobó un plan en el cual se priorizaron varias temáticas, entre ellas los homicidios cometidos por agentes del Estado, y se incorporó la nueva metodología de investigación, con la que se han logrado importantes avances procesales”.
¿Actualmente cuántas personas desaparecidas, víctimas de “falsos positivos”, se cree que hay?
“Ciertos homicidios cometidos por agentes del Estado, conocidos como ‘falsos positivos’, fueron antecedidos por el punible de desaparición forzada. Las modalidades más comunes de este delito son el ocultamiento y negación de información sobre el paradero de las víctimas a familiares y conocidos, y la sustracción de los documentos de identificación para luego sepultar los cuerpos como NN. Éstas y otras formas de desaparición forzada han llevado a que los fiscales tipifiquen la conducta dentro de las investigaciones de homicidios cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, la obtención de un dato exacto sobre el número de desaparecidos no está disponible, por cuanto aún se está determinando la existencia del delito en muchos de los procesos”.
¿Tienen ubicadas algunas de esas personas desaparecidas?
“Actualmente resulta difícil cuantificar el número de personas desaparecidas y la cantidad de órdenes de exhumación, por cuanto en este preciso instante los fiscales están adelantando tareas de reconocimiento de los cuerpos hallados en diferentes lugares del territorio nacional con las víctimas; una vez se concluya con esa labor, podremos establecer los datos concretos. En esta tarea, para nuestra entidad es muy importante seguir contando con el valioso aporte de las familias de las víctimas, por ejemplo, al suministrar muestras de ADN para realizar cotejos científicos.”
106
fiscales trabajan en los casos de homicidio cometidos por agentes del Estado.
9
generales han sido citados por la Fiscalía a declarar por casos de “falsos positivos”.
