En albergues, coliseos y en casas de familiares o amigos permanecen 764 personas entre indígenas y campesinos que salieron desplazados de sus viviendas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.
A tres días de cumplirse un mes de los primeros desplazamientos forzados, la situación sigue sin mejorar y al casco urbano de Cáceres continúan llegando víctimas; las autoridades aún no dan la luz verde para que todas familias puedan iniciar el retorno, aunque aseguran que cada una de las personas está recibiendo la atención adecuada.
Ingrid Rusinque, defensora delegada para los derechos de la población desplazada de la Defensoría del Pueblo, explicó que el pasado miércoles llegó otro grupo de desplazados (el tercero desde que se inició la emergencia) al casco urbano de Cáceres y “hay una gran preocupación porque la situación se está desbordada y las autoridades deben de prestarle más atención a esto. Nosotros hacemos un llamado para que se busquen prontas soluciones”.
Por su parte, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, afirmó que “nosotros mantenemos todas las rutas de atención a las 764 personas que se encuentran en diferentes sitios de Cáceres, Tarazá y Caucasia. A todas las estamos atendiendo, pero la idea es que la tranquilidad regrese a sus zonas de origen para que se de inicio al retorno”.
Sin embargo la paciencia de quienes han tenido que vivir por más de 25 días por fuera de sus casas y en condiciones adversas comienza a agotarse y reclaman a las autoridades seguridad y justicia para poder pensar en un regreso a sus parcelas.
“Lastimosamente no hemos visto garantías para poder regresar. Sabemos que las autoridades están allá, pero quienes nos desplazaron también y no sabemos sobre capturas de esas personas, por eso, no hay plan de retorno aún”, aseguró un líder indígena de la región quien prefirió no dar su identidad.
Sin embargo, el comandante de Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, explicó que en la región “hay una intervención con todas nuestras capacidades institucionales y estamos acá en Caucasia, en Cáceres, en Tarazá, haciendo trabajos y puestos de control para que la comunidad sepa que estamos con ellos”.
