El de Nancy*, una mujer reclutada por las extintas Farc cuando aún era una niña, no era un bebé, ni una vida que preservar. Para la guerrilla esa criatura, aún en el vientre, obtuvo el rótulo de “pichón de paraco”, pues el papá –también víctima de reclutamiento–, terminó en las filas de sus antagonistas: las Autodefensas. Bastaban excusas de ese calibre para que al interior del grupo subversivo se ordenaran abortos irregulares y métodos de anticoncepción forzados.
En un crudo informe la Procuraduría recopiló testimonios como el de Nancy y decenas de mujeres que, tras ser víctimas de abusos y violencias sexuales a manos de guerrilleros, fueron sometidas a legrados (aun cuando contaban con hasta 8 meses de embarazo), a la ingesta de pastillas y a métodos de aborto clandestinos. Por esto, el ente de control le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un caso específico para investigar la muerte de recién nacidos y neonatos al interior de las Farc.
Según el organismo, que registró al menos 27 casos de asesinatos de neonatos, si bien es un hecho conexo al macrocaso 07, relacionado con reclutamiento y utilización de niños y adolescentes en el conflicto armado, la gravedad de lo ocurrido con estas mujeres y sus bebés merece un capítulo aparte.
“La ocurrencia de los asesinatos de recién nacidos, los abortos forzados en edades gestacionales avanzadas, las lesiones dolosas al feto y las desapariciones forzadas de neonatos se encuentran vinculadas a una violencia reproductiva ejercida contra las mujeres que fueron reclutadas siendo niñas por las Farc”, advirtió la Procuraduría en el informe, dirigido a la magistrada Lily Andrea Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas.
En el documento, el ente de control recamó que la violencia no solo contra sus madres, sino contra los niños, “a los cuales se les produjo la muerte en un evidente estado de indefensión”, requiere ser investigada de forma independiente. Adicionalmente, determinó que, más allá de hechos aislados, existía toda una política de anticoncepción obligatoria y la consecuente ocurrencia de abortos forzados.
“Las víctimas detallaron que existieron abortos no consentidos y narraron que, incluso, fueron realizados a mujeres en un evidente y avanzado estado de gestación”, agregó el informe, que tiene en su poder testimonios de mujeres que, en edades entre los 15 y 18 años, fueron sometidas a todo tipo de procedimientos abortivos, aun cuando sus estados de gestión eran de entre 5 y 8 meses.
En esa línea, el ente alertó, inclusive, por casos de niños que, pese a los esfuerzos porque la madre abortara, nacieron vivos y posteriormente fueron asesinados. Para la Procuraduría, se trata, sin duda, de la conducta de mayor gravedad encontrada en el marco de la investigación de la política de abortos en las Farc.
“A los bebés que nacen vivos los queman y a los fetos los entierran. No hay uno solo que quede vivo, a todos los matan”, contó con crudeza una de las mujeres víctimas. A otra guerrilla, indicó el informe, “le sacaron a su hija, con ocho meses de gestación y en contra de su voluntad, y la lanzaron al río. Ella la escuchó llorar”.
En otro de los desgarradores testimonios una mujer cuenta que logró tener un varón que nació con vida, pero que “el médico lo mandó a botar vivo a la basura. Me dio mucha rabia. Lo saqué y lo tuve media hora hasta que se me murió en mis manos. El niño tenía los ojos reventados y los brazos partidos. Creo que la droga fue muy fuerte”.
Sin embargo, el informe alertó que en cuatro de cada cinco casos (81 %), aunque hubo parto, no hay certeza del paradero de bebés que nacieron vivos. Es decir, se trata de menores que se encuentran desaparecidos. “Esta conducta es distinta a la que se observa en el marco de un aborto forzado o un asesinato de un neonato, pues consiste en que, una vez se produce el parto y el bebé nace vivo, se procede a dar muerte y a ocultar sus restos”.
El informe detalló también que, de los 27 casos registrados, al menos 12 ocurrieron en el denominado Bloque Oriental de las Farc, al mando de Jorge Briceño Suárez, alias “Mono Jojoy”, y al que pertenecieron el hoy senador Carlos Antonio Losada, Germán Briceño Suárez, alias “Grannobles”, Hernán Darío Velázquez, alias “El Paisa” o Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”.
Por otro lado, se evidenció la participación y conocimiento en los abortos de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido con el alias de “El Enfermero”.
En conclusión, el ente de control insistió en que el caso sea investigado de forma independiente, pues se evidenciaron “atentados contra las vidas e integridad de las víctimas, en condiciones de extremo sufrimiento”.
*Nombre cambiado
Golpes y trabajos forzados
Sumado a la ingesta de pastillas y procedimientos en precarias condiciones, los relatos permitieron demostrar que, en su afán de que las mujeres abortaran, las Farc las sometían a golpes contundentes, trabajos forzados y uso de instrumentos quirúrgicos, e inclusive, la suma de todos. Estos hechos “produjeron afectaciones permanentes de salud a niños que nacieron vivos, a pesar de los esfuerzos pro provocar el aborto forzado. Las lesiones dolosas al feto, inducidas al interior del vientre materno, constituyen una conducta penal en sí misma”, precisó la Procuraduría.
