El Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta colaboración que habría hecho la empresa Postobón para financiar al frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operaba en el sur del Cesar.
En sentencia dada a conocer este lunes, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal señaló que la Fiscalía debe explicar los avances de las investigaciones que cursan al respecto, pues desde 2008 el paramilitar Armando Madriaga Picón, encargado de recoger las finanzas en Aguachica (Cesar), diera a conocer en su versión libre el presunto pago que habría hecho la empresa.
En específico, la Fiscalía deberá señalar “la presunta participación del gerente de esa empresa para la época de 1999 a 2000. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario”.
En su versión libre, Madriaga Picón dijo que en el comercio recogía entre 40 y 60 millones de pesos. “El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias. Con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba a cerrar al que no colaboraba”.
En 439 páginas, la Sala señaló que si ese supuesto aporte fue voluntario, “será inminente conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado, la actuación que para el caso ha adelantado la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas”.
El Tribunal señaló que dicho frente se financiaba con cobro de “impuestos” en poblaciones del Cesar y Norte de Santander, el hurto de combustible y de ganado, el impuesto al gramaje de coca y contribuciones de empresas. De acuerdo con el paramilitar Javier Antonio Coronel, estaban incluidas empresas palmeras que pagaban de acuerdo a la extensión de tierra y a su capacidad de producción.
Estos ingresos se destinaban a la manutención del frente, que era comandado por Juan Francisco Prada, para el pago de sus integrantes y para pagar una nómina paralela de la Fuerza Pública a fin de permitir las acciones ilegales: “En ese sentido se fijaron pagos que iban desde los tres millones de pesos para ciertos comandantes y 300.000 pesos para los patrulleros, hasta el pago de cuentas contraídas como las del celular”, dice el fallo.
En la determinación la Sala explicó que a la hora de descifrar el contexto de violaciones a los derechos humanos cometidas por este frente paramilitar, es imperioso que se dé la responsabilidad jurídica a las empresas privadas que hayan tenido nexos con este y, en consecuencia, involucrarse en el proceso de reparación de las víctimas.
“Lo anterior resulta imperioso, para de alguna manera dar sustancia al apotegma de que quien financió la guerra, debe financiar la reparación; y así, dar seriedad al fenómeno macrocriminal desde el punto de vista de los nexos con esferas de poder político, militar, económico, empresarial, entre otros”, precisó la Sala.
Igualmente, se pidió a la Fiscalía que investigue los supuestos aportes que habría hecho la petrolera Petronorte a esa estructura.
Esto es lo que dice la empresa
Postobón dijo este lunes en un comunicado que no han sido notificados “de ninguna providencia del mencionado Tribunal, pero rechazamos de la manera más contundente toda asociación entre nuestra empresa y cualquier actividad ilegal”.
La empresa aclaró que los empleados y contratistas que trabajan para ellos deben someterse a los principios y valores de la compañía, “así como al ordenamiento legal. Postobón no cohonesta ni lo ha hecho en el pasado con ninguna actividad ilegal o inapropiada”.
En el comunicado, además, Postobón aseguró que utilizará todos los recursos de la ley para defenderse y proteger su buen nombre.
