Las principales autoridades del país se han unido para pedirle a los jueces que levanten la suspensión de operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo, que genera el 5 por ciento de la energía del país. La petición la hizo en un comienzo el ministro de Minas, Tomás González. Ahora lo respalda la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, Cormagdalena y la Alcaldía de Bogotá.
El presidente Juan Manuel Santos ha expuesto cinco razones generales para que se reanuden las operaciones de la hidroeléctrica: se reduciría el riesgo de racionamiento de energía para 2,8 millones de personas se ven beneficiadas por El Quimbo; se evitaría el aumento de tarifas de energía; se mejoraría la navegación por el río Magdalena y de esta manera se evitarían sobrecostos en transporte; se evitaría la muerte de 19.000 toneladas de peces que están en el embalse de Betania y que recibirían el agua de El Quimbo, que está estancada y comienza contaminarse. También, según el presidente, se mantendrían 3.500 empleos directos en Betania y no se pondrían en riesgo los cerca de 40 millones de dólares en exportaciones de tilapia que genera la represa.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, coincidió parcialmente con el presidente Santos. La Defensoría defiende la apertura de la hidroeléctrica pero recuerda que la suspensión se dio por el incumplimiento de Emgesa, empresa a cargo del proyecto, en algunos puntos de la licencia ambiental.
“Situaciones apremiantes como la notable disminución en el caudal del río Magdalena y el recrudecimiento del fenómeno de El Niño en un área de influencia que se extiende hasta el proyecto Betania, exigen acciones inmediatas para que los recursos hídricos estancados y con niveles mínimos no se conviertan en factores de amenaza para las especies allí contenidas, ni para la salud pública frente a patologías como el dengue, el chikunguña, el zika y la fiebre amarilla”, señaló la Defensoría.
