Aunque el Gobierno nacional ha puesto todo su empeño en evitar que a la lista de la Justicia Especial para la Paz ingresen personas ajenas a las Farc, no pudo evitarse que en los documentos relacionados por esta organización, ahora política, se detectaran algunos candidatos solicitados en extradición por Estados Unidos.
Desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se expresó que estos 20 solicitados por cortes judiciales de ese país, hacen parte de otros 352 casos de los llamados “colados”, que se encuentran bajo observación como resultado del proceso de verificación, pues existe información sobre su no pertenencia a las Farc.
“Con el propósito principal de no permitir la entrada de ‘colados’, desde el 2016 se creó el Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados (Decreto 1174 de 2016). De éste hacen parte todos los organismos de inteligencia del Estado y la Fiscalía, así como otras entidades que por sus competencias tienen información disponible”, precisó el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.
Según el Gobierno, el proceso de verificación de los nombres entregados por las Farc no ha terminado y consta de tres pasos: el primero, cuando las Farc se comprometen con la construcción de los listados y también con su veracidad y exactitud. El segundo, el Gobierno, tras verificar dicha información, acredita o presenta las observaciones respecto a posibles casos de ‘colados’; y el tercero, el Gobierno se reserva la facultad de excluir nombres de la lista al comprobar que pertenecen a la organización.
Así mismo, Rivera precisó que los que fueron identificados como presuntos narcotraficantes —tal es el caso de Irineo Romero Sánchez—, jamás recibieron una acreditación como integrantes de las Farc ni como desmovilizados.
Conocidas las denuncias, EL COLOMBIANO intentó contactar a las Farc, pero desde comunicaciones del partido político respondieron: “Estamos esperando sobre el tema y posible vocería. Se le estará informando”.
No obstante, el abogado asesor de las Farc, Diego Martínez, expresó en otros medios de comunicación que en el proceso de registro de los exguerrilleros esta organización ha sido muy rigurosa y que los listados con los nombres los reciben de buena fe, sin embargo, “es difícil para el Secretariado saber quien es quién en una población de 12.000 excombatientes”.
