Las declaraciones que hizo el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en una reunión privada con empresarios, en las que habló de las 13.000 denuncias que existen en Justicia y Paz sobre presuntos apoyos de los empresarios a paramilitares lo pusieron en el centro de la polémica.
No obstante, no es la primera vez que el tema de las investigaciones contra empresarios se menciona. En noviembre, el fiscal Eduardo Montealegre había propuesto un modelo de justicia transicional para quienes apoyaron y financiaron el paramilitarismo. Y, en febrero, el expresidente César Gaviria retomó esa idea para hacerlo extensivo a todos aquellos que han tenido implicación en el conflicto, como empresarios, ganaderos y agentes judiciales, entre otros.
Jaramillo está hoy en la polémica, tras conocerse un audio de su intervención en un encuentro con industriales el pasado miércoles en Bogotá, que todo indica, no debía trascender de puertas para afuera.
El funcionario, miembro del equipo negociador en el proceso de paz con las Farc en Cuba, cuestionó que “falta concientización de lo que significa la terminación del conflicto para Colombia en muchos sectores, incluyendo el empresarial”.
Pero la polémica se desató luego de que solicitara la salida de los periodistas del recinto. La mayoría lo hizo, pero un comunicador permaneció y grabó la charla del comisionado.
Mientras solicitaba más apoyo económico al proceso de paz con la guerrilla, Jaramillo reveló allí una información que generó críticas no solo al funcionario, sino al Gobierno Nacional: “tenemos una noticia triste que nos dio el fiscal, que dice que de los procesos de Justicia y Paz han salido 13.000 noticias criminales que involucran a empresarios, y eso tiene que ver directamente con el conflicto armado”.
Y agregó: ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente?. Hay que mirar ese tema delicado, pero inevitable para el mismo empresariado’’.
Al finalizar la reunión, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, fue la primera en reaccionar ante los periodistas que esperaban el fin del evento: los gremios empresariales tienen “la voluntad de ayudar para el posconflicto”, dijo al solicitar también que las autoridades judiciales revelen cuáles empresarios tuvieron vínculos con grupos armados ilegales.
Revuelo político
Pero las declaraciones de Jaramillo, además de causar rechazo, fueron recibidas como una intimidación implícita.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y miembro del Consejo Gremial Nacional, le dijo a EL COLOMBIANO: “Es muy fácil acusar, pero es complejo probar y parece que el Gobierno utiliza aquel adagio popular de que la mejor defensa es el ataque”.
Pidió que “antes de hacer anuncios, hay que investigar con seriedad porque en Colombia se volvió tradición acusar y seguir acusando y nunca hay pruebas reales o no se consiguen o no existen y queda manchado el nombre de mucha gente, que nunca ha estado involucrada en hechos al margen de la ley”.
Sobre el apoyo económico exigido al sector empresarial para financiar programas dirigidos a la reconciliación, la reinserción de desmovilizados a la sociedad y del posconflicto si tiene éxito la negociación con las guerrillas, Mejía aseguró que sí hay compromiso.
“Cada vez hay que aportar más por impuestos y el sector agropecuario que represento ha disminuido su crecimiento económico y fue, y es el más atacado y extorsionado por la guerrilla”, recordó el presidente de la SAC.
Otra reacción en contra provino de José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y opositor del manejo de las negociaciones de paz con las Farc.
“El Gobierno contempla imponer un impuesto destinado a financiar el posconflicto, así lo admitió Sergio Jaramillo, alto consejero de paz”, se quejó Lafaurie.
Y el expresidente Álvaro Uribe también cuestionó, en su cuenta de Twitter, las declaraciones de Jaramillo: “Sergio Jaramillo intimida a empresarios por plata para el proceso (de paz). Desesperado por entregar el país a Farc y por extorsionar a empresarios”.
Debate a justicia transicional
La polémica declaración del alto comisionado de paz coincide con las discusiones en la mesa de negociaciones de La Habana y en la rama judicial de un tema sensible para el país: la justicia transicional que se aplicara a los jefes guerrilleros por crímenes durante el conflicto.
En noviembre del año pasado, el fiscal Montealegre causó revuelo cuando propuso penas alternativas para empresarios y ganaderos que financiaron a los paramilitares.
En la Universidad del Rosario, el fiscal explicó que “mi propuesta se basa en mecanismos extrajudiciales (sustitutos de privar la libertad) por delitos por los que pagarían 10 y 15 años de prisión”, para que en vez de eso respondan “para esclarecer la verdad y la reparación”. Aunque precisó que es un concepto personal y no una iniciativa del Gobierno, la declaración en el escenario académico fue objeto de rechazo por parte de dirigentes gremiales.
Y en febrero de este año el expresidente Gaviria le echó leña al fuego al plantear extender la justicia transicional a “algunos empresarios, políticos y funcionarios judiciales que estuvieron implicados en el conflicto y tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana”.
Hasta ahora, ese modelo de justicia se propone para los guerrilleros que se desmovilicen y miembros de la fuerza pública involucrados en delitos dentro del conflicto.
