El impacto de la noticia de la violación de una bebé de cuatro meses, por un soldado, y el abuso sexual y posterior asesinato de una niña de tres años, llevaron ayer a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, a expresar que esto es una vergüenza para nuestra sociedad, a pedir que los hechos no queden en la impunidad y a ratificar su propuesta de cadena perpetua para quienes cometan estos crímenes.
Sara Yolima Salazar. Así se llamaba, según lo dijeron las autoridades, la niña que vivía en zona rural de Guayabal Armero, Tolima, y que no pudo ser salvada por los médicos que la atendieron.
Su nombre remite al de Yuliana Andrea Samboni, en Bogotá, cuyo reciente asesinato y abuso aún está fresco en la memoria colectiva de un país en el que el maltrato y cruel muerte de los niños tiene estadísticas escalofriantes.
En lo corrido del año, según Cristina Plazas Michelsen, el ICBF ha recibido más de 2.500 denuncias por abuso sexual contra menores de edad. Y Medicina Legal atendió, hasta marzo, 4.315 casos.
El fenómeno es más aterrador. Con base en cifras de 2016 de Medicina Legal, María Paula Martínez, directora de la Save The Children Colombia, le dijo a este diario que cada hora llegan a Medicina Legal dos niños para ser evaluados por presunto abuso sexual, cada día tres son abandonados y en el mismo tiempo, también, dos son asesinados.
Si las cifras de Save The Children mantuvieran su tendencia, eso significaría que, en lo corrido de 2017, más de 6.000 niños habrían padecido diversas formas de violencia: 5.520, como víctimas de abuso sexual, 345 abandonados y 230 asesinados.
Los datos, reales o proyectados, tienen un problema: la poca denuncia y castigo. Ximena Norato Palomeque, directora de la Fundación Pandi, señaló que de los casos reportados a Medicina Legal al año, 6.000 a 7.000, ni el 30 por ciento se investiga.
“Ese es un ejemplo de lo que ocurre todos los días, en todos los estratos sociales y en todos los municipios: Hoy van a entrar a Medicina Legal 52 niñas y niños por presunto abuso sexual”.
