En el pequeño municipio de El Retorno, Guaviare, arrasaron, en los últimos tres meses, con cerca de 400 hectáreas de bosque. Según líderes locales e información del Ministerio de Ambiente, los responsables de tremendo daño ambiental serían redes criminales que buscan ampliar la frontera agrícola y que llegaron a las zonas que antes ocupaban las Farc.
Es por esa razón que el Gobierno Nacional y la Fiscalía General pusieron en marcha una serie de medidas con las que buscan frenar la deforestación y la explotación ilegal de los recursos naturales, principalmente en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Además, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo le reveló a EL COLOMBIANO que su despacho trabaja para entregar en marzo la estrategia integral de control de la deforestación con la que se espera hacerle frente a esta problemática que para 2015 afectaba 124.035 hectáreas en el país.
Cabe anotar que de acuerdo con la Tasa Anual de Deforestación del Ideam, se advierte que en el país, para 2015, en cinco departamentos, se concentraba el 60 % de la deforestación nacional: Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo.
Como parte del plan de choque, el Gobierno Nacional inhabilitará al menos 490 kilómetros de vías abiertas ilegalmente dentro de los Parques Nacionales Naturales de la Sierra de La Macarena, la Serranía del Chiribiquete, Los Picachos y Tinigua, y la reserva natural Nukak (ver Paréntesis), donde ocurren delitos relacionados con cultivos ilícitos, minería ilegal, transporte de ganado ilegal y extracción ilícita de yacimientos mineros.
“Tenemos una enorme presión, ya que inclusive hay redes delincuenciales detrás de esto. Con la expectativa de los acuerdos de paz, algunas personas están haciendo inversiones para especular con la tierra. Entonces, están financiando la tala de bosque para avanzar en procesos de colonización y luego las usan para pastoreo”, explicó Murillo en conversación con este diario.
El ministro dijo que la alerta más grave que tienen es la del municipio de El Retorno. “Ante esa tala masiva se reactivó la mesa nacional de control ambiental y estamos trabajando con la Fiscalía y las Fuerzas Militares. Haremos todo el proceso de inteligencia militar para detectar estas redes y poder controlar la deforestación. Se dio la instrucción de agilizar los procesos sancionatorios, pero también denuncié ante la Fiscalía estos hechos para avanzar en todos los procesos penales y castigar a quienes están cometiendo estos delitos ambientales”.
Explicó el ministro Murillo que la paradoja que se evidencia es que los llamados santuarios de las Farc estaban conservados. “Las comunidades nos han comentado que al parecer las Farc tenían alguna tarea regulatoria y que aunque generaba impacto porque deforestaban, no llegaba a estos niveles. Lo que ocurrió fue que desde hace un año comenzaron a llegar personas a talar sin los debidos permisos”.
