El presidente, Juan Manuel Santos Calderón, encabeza la lista de colombianos relacionados en los denominados Paradise Papers, una investigación periodística transnacional que arroja luces sobre la manera como personas poderosas, célebres e influyentes manejan parte de su dinero a través de inversiones o sociedades que crean en los llamados paraísos fiscales.
En esta ocasión el epicentro del escándalo no es Panamá, sino dos oficinas o bufetes de abogados que operan desde Bermudas y Singapur, y de los que fueron filtrados 13,4 millones de documentos.
En esos registros de Appleby y Asiaciti, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), halló, por ejemplo, los nexos del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, con una empresa de transporte marítima estrechamente ligada a un millonario ruso y al yerno del presidente de esa nación, Vladimir Putin.
Según el New York Times, que formó parte de los medios asociados a la investigación, pese a que al momento de posesionarse en febrero como Secretario de Comercio, Ross disminuyó su participación personal en Navigator Holdings, aún controla el 31 % de su capital a través de empresas offshore. Estas son firmas creadas en centros financieros internacionales, generalmente llamados “paraísos fiscales”.
Aunque el tema es económico y financiero, para los norteamericanos tiene su relevancia política, debido a las investigaciones en marcha sobre la presunta interferencia rusa en las pasadas elecciones que terminaron llevando a Donald Trump a la Casa Blanca.
Según la agencia AFP, “uno de los principales clientes de Navigator Holdings es la compañía rusa de gas y productos petroquímicos Sibur, que aportó 26 millones de dólares a su volumen de negocios en 2016, escribe el cotidiano francés Le Monde”.
La historia se torna más interesante al mirar los accionistas de Sibur: Guennadi Timtchenko, un oligarca del círculo de Putin, sancionado por el Tesoro estadounidense tras la invasión de Crimea por Moscú, y Kiril Chamalov, quien está casado con la hija más joven del presidente ruso.
En un comunicado de prensa, enviado a la AFP, el Departamento de Comercio indicó que Ross “no participó en la decisión de Navigator de hacer negocios con Sibur”, y que “en esa época no había sido sancionado, como tampoco lo ha sido ahora”. De igual manera, se afirmó que el funcionario norteamericano “no se reunió jamás con los accionistas de Sibur mencionados” y que “respeta las normas éticas del gobierno”.
La farándula también fue cobijada por los Paradise Papers. Allí figuran la cantante Madonna, accionista, según los datos divulgados, de una “compañía de suministros médicos en Bermudas” registrada en 1997 y disuelta en 2013, y el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad, registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania.
Paraíso con sello real
Otro de los hallazgos más relevantes de la investigación del ICIJ es que la realeza, encabezada por la reina de Inglaterra, también maneja inversiones en paraísos fiscales.
En efecto, del dinero privado de Isabel II, unos 7,5 millones de dólares fueron a parar a fondos radicados en las islas Caimán y Bermuda. La operación fue realizada a través del ducado de Lancaster, que provee a su majestad de los ingresos y le administra un patrimonio estimado en 500 millones de libras esterlinas.
El malestar que la noticia despertó en Inglaterra es por la conveniencia de que la reina invierta de esta manera su dinero en el exterior, pues no existen evidencias de que tales operaciones hayan sido ilegales y que hubieran implicado el no pago de impuestos.
Ahí, justamente, es donde surgen las mayores preguntas: ¿para qué sacar del país el dinero y llevarlo a cuentas y sociedades en paraísos fiscales?
“En eso no hay límites, como sí los hay entre el bien y el mal”, advierte Rafael Isaza González, exdirector de Impuestos Nacionales.
El tributarista anota que esas inversiones offshore son legales y se han convertido en una práctica mundial y que la razón que generalmente dan quienes acuden a esa opción es llevar sus activos a un sitio seguro, aunque también aprovechan la posibilidad de obtener reducciones en el pago de sus impuestos.
Isaza no descarta que gente sin escrúpulos saca del país el dinero y lo maneja a través de sociedades que son impenetrables para entidades de fiscalización como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Tributaristas consultados por EL COLOMBIANO, y que pidieron mantener sus nombres en reserva, explicaron que una persona natural o jurídica puede conformar en Panamá o Bermuda una sociedad y registrarla con, por ejemplo, 50.000 dólares. Sin embargo, a través de la misma puede mover 500 o 5.000 millones de dólares. El asunto es que si la Dian la identifica y va y les pregunta a las autoridades panameñas, estas últimas bien podrían decirle: “respete, no se meta en mis asuntos” o, si es más delicada, le podría pedir que mejor no le pregunte porque es un asunto sujeto a reserva.
Y, bajo esa reserva, cabe de todo, bueno y malo.
Otro caso ilustrativo. Un colombiano tiene aquí una propiedad de 500 millones de pesos, pero comercialmente vale 4.000 o 5.000 millones. Si la vende y registra aquí por este último valor, paga un dineral por concepto de ganancias ocasionales. Pero si se la vende a una persona en el extranjero o con operaciones en el exterior, allá puede dejar 3.500 o 4.500 millones de pesos y registrar internamente la compraventa en 500 millones de pesos.
Eso, sin contar con las operaciones que empresas nacionales pueden hacer con proveedores internacionales que, en el fondo, son de los mismos propietarios y cuyas maniobras parecen tejidas no por tributaristas, sino por magos.
Volviendo a Rafael Isaza González, su criterio es que las inversiones y empresas en el exterior deben ser cantadas en las declaraciones de renta. “Esa es una obligación. Hoy, si es una persona natural, y tiene residencia en el país, porque permanece más de 180 días en el año, está obligada a declarar los bienes que tiene acá y afuera del país”.
¿Pasará algo esta vez?
Según Ricardo Bonilla, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, la mayor implicación de la investigación Paradise Papers es la sospecha de evasión de impuestos.
En concepto del analista, “no es la primera vez que aparece una noticia de esas, lo grave es la falta de voluntad para investigarlo, porque involucra desde altos funcionarios del Estado, algunos ex, periodistas reconocidos y jefes de entidades de control”.
José Roberto Acosta, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, considera que en Colombia esta revelación no va a tener mayores implicaciones, salvo que seguirá deslegitimando al presidente Juan Manuel Santos y su gobierno, ya de por sí golpeados en aceptación popular.
Acosta afirma que “esta investigación es importante porque muestra que en el país el problema tributario no es aumentar tarifas o ampliar bases tributarias, sino de hacer cumplir la Ley”.
13,4
millones de documentos fueron filtrados para realizar la investigación de la ICIJ.
120
políticos de diversos
países aparecen relacionados en los Paradise Papers.
7,5
millones de dólares invirtió
la Reina de Inglaterra en
una sociedad en Caimán.
