Cuando se habla de posconflicto en Colombia salen a la luz temas como justicia transicional, reparación de víctimas, restitución de tierras, desarme y participación política. Poco se ha se habla sobre temas como las oportunidades de empleo que tendrían los reinsertados o la competitividad económica del país después de la guerra.
En el séptimo foro “Agenda para un nuevo gobierno 2016-2019”, organizado por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de la Universidad Pontificia Bolivariana y EL COLOMBIANO, se desarrolló un debate sobre diferentes retos que tiene el país para ser más competitivo.
Fernando José Restrepo Escobar, economista con especialización en mercadeo internacional, habló sobre la desigualdad económica de las regiones y la corrupción como factores que impiden mejorar los índices de competitividad en el país. Ana María Velásquez, coordinadora de competitividad en Proantioquia, hizo énfasis en los compromisos de los futuros alcaldes y gobernadores del posconflicto. Por último, Juan David Pérez, gerente Seccional de la Andi, entregó un panorama financiero de las regiones que afecta en la competitividad.
Aunque los tres expertos coincidieron en que es necesario que el país adopte medidas para mejorar la competitividad en el posconflicto, existen obstáculos que actualmente están sin superar: “en La Habana se está firmando el cese al fuego, pero el proceso de reinserción puede tardar 10 años. En este sentido, se debe tener en cuenta que la clase campesina, de donde vienen muchos combatientes, no ha podido apropiarse de la tierra. Solamente el 35% de la clase rural tiene acceso a la tierra y de este porcentaje el 70% tiene problemas de legalidad y propiedad”, apuntó Restrepo.
El gerente regional de la Andi recomendó analizar, antes de formular políticas públicas para los reinsertados, el mundo de la informalidad en el país, que afecta los índices de competitividad. Y sobre la generación de empleo para los posibles reinsertados, señaló que “muchas veces se habla de la empleabilidad de los desmovilizados en diferentes empresas, pero solemos obviar otros escenarios. Actualmente hay empresas de bebidas que importan el 100% de la mora para hacer los jugos. Acá también hay producción de mora, y son precisamente los desmovilizados los que pueden crear unidad productivas que se vuelvan proveedoras de diferentes organizaciones”.
El reto principal del Estado, como lo dijo Ana María Velásquez, consiste en “generar las condiciones para que las personas desmovilizadas puedan restablecer su vida y tener una segunda oportunidad, con garantías de empleo, salud, educación...”.
