Desde la promulgación de la Ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior en Colombia, se comenzó a generar una brecha financiera en las universidades públicas, que estas instituciones aseguran no pueden soportar a pesar de que en 2018 del presupuesto general de la nación se destinaron $3,6 billones, cerca de 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).
“Eso fue válido en su momento, la Ley planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, no le fijó un techo hacia arriba y en eso los legisladores fueron visionarios” asegura Álvaro Viña, gerente financiero de la U. Nacional.
Sin embargo, la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que las ha llevado a un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones.
“Nos vamos desfinanciando paulatinamente”, dijo Dolly Montoya, rectora de la Nacional, cuando presentó una propuesta al Gobierno para asegurar el financiamiento de las universidades públicas a través de una política de Estado que permita el sostenimiento de la educación pública.
La propuesta contempla tres medidas a corto plazo: asegurar recursos suficientes en el Plan de Desarrollo para que estas instituciones operen sin problemas y ajustar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, de modo que el incremento anual sea mínimo de 4 puntos porcentuales sobre la inflación y que desde 2019 se haga un ajuste de 10% al aporte que reciben las universidades públicas de parte del Ministerio de Educación.
“Con una política de Estado sabemos claramente cuáles son las fuentes, qué es lo que tenemos y así nos organizamos”, sostuvo Montoya, quien enfatizó en el déficit de $60.000 millones que tiene la institución para lo que resta del año y aseguró que tanto la Nacional como otras instituciones públicas están teniendo problemas de nómina.
La solicitud contempla que se consolide un mecanismo de financiación estable y estructural para las instituciones de educación superior públicas y que de este modo se pueda ampliar la planta docente de las 32 universidades estatales del país, que fue congelada en 1993.
Aprovechar el dinero de Ser Pilo Paga
La semana pasada la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la terminación Ser Pilo Paga, el cual a la fecha ha beneficiado a 39.992 estudiantes. Según Montoya, con $3,7 billones que se canalizaron a través del programa, las universidades públicas hubieran podido quintuplicar esta cobertura.
“Cuando hay nuevos programas no se colocan nuevos recursos, sino que se acude a los de la universidad pública y esto pone a todos los actores del sistema a discutir por los mismos fondos”, dijo la rectora.
