La reunión entre el presidente electo Iván Duque y la cabeza de la Justicia Especial (JEP) para la Paz, Patricia Linares, podría ser la llave que al fin logre destrabar el trámite de la ley de procedimiento de la JEP en el Congreso.
Según dijo el mandatario entrante “esperamos que el gobierno pueda facilitar el diálogo y escuchar las proposiciones que se han hecho en el Congreso, para buscar un acuerdo y así las reglas de procedimiento satisfagan los derechos de las víctimas, los cuales son: que reciban por parte de la justicia la verdad de sus victimarios, que tengan justicia proporcional y efectiva, que haya reparación moral material y económica, y que se den las garantías para la no repetición”.
A su turno, la presidente del organismo sostuvo que espera que con este diálogo la reforma pueda ser aprobada lo más pronto posible.
Sin embargo, el trámite no ha sido fácil. Todo comenzó cuando el presidente electo le solicitó a la bancada del Centro Democrático que se abstuviera de votar la ley de reglamentación de la JEP hasta que la Corte Constitucional se pronunciara frente a la norma estatutaria. Sin embargo, el alto tribunal sostuvo que no era necesario ese pronunciamiento para continuar con la reglamentación en el legislativo.
Pese a dicho pronunciamiento, y a los reiterados llamados presidenciales, el Senado no ha tomado una decisión y las sesiones extraordinarias continúan corriendo. El quórum en el Congreso no es favorable para el Gobierno y la norma podría quedar en veremos antes del receso legislativo.
El otro escenario
Mientras el presidente electo preparaba su reunión con la cabeza de la JEP, el mandatario actual, Juan Manuel Santos, reiteraba su llamado para que el Congreso apruebe la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz antes del próximo 3 de julio, fecha en que se acaban las sesiones extraordinarias que convocó.
Según Santos no es cierto que “nuestras Fuerzas quieran un espacio especial o unos magistrados exclusivos dentro de la justicia transicional. Eso no es lo que les conviene porque inmediatamente los pondrá, nuevamente, en la lupa de la Corte Penal Internacional”.
A su turno, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, afirmó que si no hay reglamentación sobre la forma como debe trabajar la JEP “quedamos expuestos, porque tenemos miles y miles de familias, miles de soldados que dieron todo por Colombia, algunos de ellos que cometieron equivocaciones en el campo de batalla; todos están esperando que ese escalón se logre para poder tener seguridad jurídica”.
Mientras esos llamados se hacían, una subcomisión de senadores se reunía para destrabar la discusión en la Cámara alta. La reunión no arrojó los resultados esperados.
Según el ministro del Interior, Guillermo Rivera, “el Centro Democrático plantea fijar un plazo a los miembros de la Fuerza Pública para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, la reforma constitucional señala que la comparecencia de excombatientes de la Farc y del Ejército es obligatoria; por lo tanto una ley no puede fijar unos plazos a una disposición constitucional, quedamos a la espera que Paloma Valencia vuelva a hablar con el presidente electo para conocer su posición y la de su bancada”.
Así mismo, advirtió que de no llegar a un acuerdo en la subcomisión se convocará al Senado para mañana “y que ellos tomen una decisión, frente al proyecto y así nos digan si archivan la iniciativa y asumen la responsabilidad política; o si, por el contrario, la aprueban para poder brindar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas”.
Sin embargo, hay posiciones que no son optimistas. En medio de esa discusión uno de los ponentes, Armando Benedetti del Partido de la U, renunció a esa responsabilidad argumentando que el gobierno no tiene mayorías ni para aprobar el orden del día.
Además, el congresista agregó que en este punto, como miembro de la subcomisión de trabajo de la JEP “estoy cansado de la situación. Es evidente que en el Senado no va a pasar nada y nunca se va a llegar a un acuerdo legislativo”.
Y sentenció que es claro que están frente a la agenda del presidente actual contra la del presidente electo, “que tienen visiones diametralmente opuestas frente al juzgamiento de los agentes del Estado que hicieron parte del conflicto armado. Por esta razón, es muy difícil alcanzar un acuerdo, ya que cada una de las partes lo que intenta es imponer su visión”.
