El 5 de abril de 2016, Frank Pearl y Antonio García, quienes para ese entonces representaban los equipos negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla del Eln, respectivamente, firmaron un documento secreto en el que se pactaron los pasos a seguir en caso de que las negociaciones entre las partes no llegaran a un acuerdo.
El texto, que también tiene las firmas de algunos de los representantes de los países garantes (Brasil, Noruega, Cuba y Chile), tiene 12 puntos en los que se acuerda que una vez culminados las conversaciones de paz, ambas delegaciones tienen un plazo de 15 días para planear y concretar el retorno de los miembros del Eln que hacen parte del equipo negociador.
Aparte de esto, también se debería acordar, que “en caso de inserciones en territorio colombiano de la delegación del Eln, las operaciones militares cesarán durante 72 horas” en áreas que deberán ser definidas.
Además, si se requieren helicópteros para los procedimientos, las coordenadas de destino son entregadas a los pilotos una vez estén en vuelo y cuando aterrizan para dejar a los miembros de esa guerrilla, deben esperar una hora para volver a despegar.
Este protocolo no es reconocido por el gobierno de Iván Duque, que envió nota de protesta a Cuba para insistir en que ese país haga valer la circular roja de la Interpol que pesa contra los diez miembros del equipo negociador del Eln que están en La Habana.
Luego de que el mismo grupo insurgente confirmara su responsabilidad por la explosión del carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía que dejó 21 personas muertas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó el atentado y pidió a las autoridades llevar ante la justicia a los responsables del hecho.
Tras este anuncio, Colombia afianzó la postura, por lo que el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó que “no hay ni puede haber ninguna decisión que se tome por encima del Consejo de Seguridad de la ONU y no puede haber ninguna manifestación de perdón o amparo a un grupo que ya reconoció la autoría de este acto criminal que no tiene justificación alguna”.
Sobre los protocolos firmados, Ceballos agregó que el gobierno “nunca los reconoció, entre otras cosas, por una sentencia de la Corte Constitucional en la que se asegura que las políticas de paz son de gobierno y no de Estado”.
Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, confirmó que está en consulta con las partes y países garantes, sin embargo “actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el Eln, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación”.
