La Corte Constitucional no ha definido hasta el momento si realizará una audiencia pública en el marco de la demanda que presentó el exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre para que el acuerdo que permitió la negociación entre el Gobierno y las Farc sea elevado a rango de tratado internacional.
Tal y como se informó el pasado 26 de abril, la Corte Constitucional admitió para su estudio la demanda e invitó a los delegados del Gobierno Nacional y delegados de las Farc en la mesa de conversaciones en La Habana para que emitan sus posiciones en un plazo máximo de 10 días.
En el proceso se solicitó copia original del Acuerdo y comunicar el inicio de este proceso de manera inmediata al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, a los ministros del Interior, de Justicia y de Relaciones exteriores para que, si lo consideran oportuno, remitan su posición al respecto en el marco del referido plazo. Igualmente, se corrió traslado al Procurador para que rinda concepto.
El caso quedó en manos del magistrado Jorge Iván Palacio y el plazo para entregar dichos conceptos vence el próximo 10 de mayo. Después del recibimiento de los conceptos, el magistrado analizará si cita, o no, a audiencia pública.
¿Las Farc y el Gobierno ante la Corte?
Las partes deberán responder sobre cuál es “la naturaleza jurídica de los acuerdos general, temático y final de los diálogos de paz, su jerarquía normativa y los límites en relación con el Derecho Internacional Humanitario; ii) el alcance de la competencia de un Tribunal Constitucional sobre acuerdos de paz; iii) la función constitucional del órgano democrático (Congreso de la República) en los acuerdos de paz; y iv) los mecanismos de participación ciudadana (refrendación) en los acuerdos de paz; entre otros aspectos”.
Entre los invitados a pronunciarse están igualmente los expresidentes de la República Belisario Betancur Cuartas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.
También se invitó a los altos comisionados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y para los Refugiados, además del Observatorio de Derechos Humanos (HRW) y a los presidentes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia.
En diez días también deberá pronunciarse la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Comisión Colombiana de Juristas, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, así como los presidentes de los partidos Liberal, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, Unión Patriótica, Unidad Nacional, Verde, Polo Democrático Alternativo y Mira.
La invitación se extiende a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore); y a las facultades de derecho de las universidades Nacional, Andes, Antioquia, Externado, del Atlántico, Libre, del Valle, Javeriana, Santo Tomás, del Cauca, Sergio Arboleda, de la Amazonía y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
