La Jurisdicción Especial para la Paz avocó conocimiento del caso No.002 de 2018, relacionado con la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), por hechos presuntamente cometidos por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública entre 1990 y 2016.
“El abandono histórico en esa zona, la presencia de diferentes grupos armados, la ocurrencia de múltiples hechos victimizantes, tenemos registro de mil hechos en esa zona y la vulnerabilidad de las víctimas en estos hechos, el 82 % del municipio de Ricaurte pertenece al pueblo Awá, encontramos 27 consejos comunitarios, un resguardo indígena, por lo que cumple con los criterios de priorización establecidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad”, explicó Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
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La Sala documentó una gran cantidad de afectaciones a los derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; masacres, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas y muertes por minas antipersonal, desplazamiento, confinamiento, ejecuciones extrajudiciales así como graves afectaciones a los territorios colectivos por contaminaciones a los ríos tras atentados a los oleoductos.
Este es un proceso diferente al caso 001, iniciado la semana pasada que vinculaba únicamente a miembros de las Farc, “la sala decidió que también va a ir construyendo en las zonas más afectadas por el conflicto los hechos cometidos por los dos actores”, dijo Lemaitre.
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Para ello la JEP llamará a versiones voluntarias a quienes corresponda.
