El presidente Juan Manuel Santos rompió su silencio de tres días sobre la presencia de la exfiscal venezolana Luisa Ortega en Colombia. En un trino, el mandatario manifestó que la chavista disidente está “bajo protección” y recibirá asilo si lo solicita.
El pronunciamiento aclara las intenciones del Gobierno de otorgarle estatus de refugio a Ortega y a su esposo, el diputado Germán Ferrer (que llegaron el viernes pasado a Bogotá), pero podría echar leña a la tensa relación entre Colombia y Venezuela. De hecho, el actual fiscal general, Tarek Saab, respondió en la misma red social que el apoyo “incondicional” de Santos demuestra que Colombia es el “epicentro de la conspiración” internacional contra su país.
Más que su estancia en Colombia, para el politólogo disidente Nicmer Evans, será determinante en la relación bilateral el hecho de que la jurista posee “información valiosa y de primera mano, que puede contener graves elementos de corrupción en la cúpula gubernamental”. Se refiere sobre todo al vínculo explícito que Ortega planteó la semana pasada entre los sobornos de la firma Odebrecht en Venezuela y el presidente Nicolás Maduro.
“La responsabilidad de Ortega fuera del país es clave para que la discusión política sobre Venezuela lleve a una restitución del Estado de derecho y ponga de manifiesto desde la ética, y no desde el pragmatismo y los antivalores, la intención del Gobierno de profundizar la corrupción”, sostiene Evans.
En manos de la exfiscal
No obstante, las posibilidades que tiene de denunciar a Maduro desde Colombia dependen del estatus migratorio que ella misma elija. De acuerdo con el expresidente Ernesto Samper, si Ortega opta por el refugio (figura que otorga Colombia si encuentra que un extranjero, con previa solicitud de protección al Gobierno, corre riesgo si regresa a su país), tendría que someterse a unas condiciones.
Una de ellas es la discreción y la no participación en asuntos políticos de Venezuela. “Hay una decisión voluntaria de que el asilado no entre en controversias políticas. En ese sentido, Ortega tendría que ser prudente, y no tomar parte en temas que comprometan la relación entre su país y Colombia”, resalta Samper.
Pero a la exfiscal le quedan otras opciones. Según Ricardo Abello, experto en derecho internacional, Ortega también puede ser considerada una migrante regular, que deberá cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia, lo que le permitiría gozar de protección especial si sintiera su vida amenazada. Así las cosas, podría hablar de la situación en su país, pero no sería conveniente que armara aquí una plataforma contra el Gobierno venezolano.
“Tenemos que seguir teniendo una relación con el país vecino. Colombia tiene que seguir protegiendo por todos los medios a los colombianos allá. Esa tiene que seguir siendo nuestra prioridad”, advierte.
Por lo pronto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, invitó “oficialmente” a la exfiscal a la plenaria de hoy en el Legislativo. ¿Se convertirá ese en el nuevo micrófono de la disidencia venezolana? ..
