Dos tiempos se están viviendo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Uno es el de los venezolanos que esperan pacientemente en el Puente Internacional Simón Bolívar; cada 20 minutos o media hora la Guardia los deja pasar al estado Táchira. Otro muy distinto es el de los colombianos deportados, quienes a contrarreloj han tenido que huir de territorio venezolano atravesando senderos fangosos, trochas y bosques.
Lea aquí: Unasur espera entendimiento entre Colombia y Venezuela en ambiente de paz
Por debajo del Puente Simón Bolívar pasa el río Táchira, que divide a los dos países. Desde allí se pudo ver, a las 9:00 de la mañana, a una mujer que llevaba a cuestas una nevera que la tapaba con la sombra. Ella no medía más de 1,60 metros. Era de contextura maciza y mantenía la mirada fija en el suelo. Corrió desde su casa en San Antonio hasta el río Táchira con la nevera. Lo atravesó. Siguió corriendo y se encontró con la Policía colombiana: “No me la quiten, por favor, no me la quiten”. Siguió corriendo. “Tranquila, suéltela, les vamos a ayudar. La Guardia nos autorizó a colaborarles para que recuperen sus enseres”, le dijo un cabo de la Policía.
Lea aquí: El Procurador se trasladó a la zona fronteriza con Venezuela
El anunció se propagó rápidamente. El Gobierno envió 200 policías y 20 camiones para que les ayudaran a pasar sus pertenencias por el río, a los 1.071 colombianos deportados que lo daban todo por perdido. La mayoría de familias, se calcula unas 500, vivían en el barrio de invasión Mi Pequeña Barinas de San Antonio. Casi todas llegaron hace 10 años, cuando se construyó el asentamiento. A la familia de Luisa Lorena Rojas la sorprendieron el domingo en la madrugada: “Los militares de la Guardia llegaron a las 5:00 golpeando: ¿ustedes son colombianos? ¡Muestren la cédula! Yo les dije que la familia es colombiana, pero que no tenemos nada que ver con los problemas políticos ni de paramilitares ni nada de eso. Tengo tres hijos que estudian. Pero no me escucharon y dijeron: se van ya con nosotros”. Los deportaron.
Lea aquí: “Exigimos respeto al Gobierno venezolano con los colombianos”: Santos
Eran las 11:00 a.m. y José Díaz, otro deportado, no había desayunado. Se quejaba porque tenía las piernas acalambradas. Decía que no le quedaba fuerza para ir por las cajas que tenía en la casa. Se quedó mirando la fila india de colombianos en una orilla del río. “Ayer me sacaron de la casa porque no tengo identidad venezolana. Nunca me habían pedido un papel para trabajar y ahora me sacan porque no tengo un papel que diga que soy venezolano”.
Lea aquí: Familias colombianas intentan recuperar sus pertenencias en Venezuela
José Díaz vivía en una casa en el barrio Mi Pequeña Barinas con su esposa y cuatro hijos. “La mayor tiene 12 y el menor tiene seis. Somos todos colombianos pero los paramilitares y la guerrilla nos desplazaron de La Gabarra hace 10 años y nos tocó venirnos para acá”.
No tenían nada que ver con esa guerra, dice Díaz, y “con esta tampoco, pero vea, tocó irse otra vez. Dos veces desplazados y otra vez sin casa”. Su familia está pasando las noches en un albergue del corregimiento de La Parada. Cuando la Guardia llegó a su casa perdió el dinero que le quedaba: “Me abrieron la mesa de noche y me sacaron 220.000 pesos. Menos mal ya pude traer la nevera y los colchones. Y gracias a Dios estamos vivos”.
Desbordan la capacidad
Cada familia que cruzaba el río contaba una historia similar. Se fueron a trabajar a Venezuela en la última década, principalmente en obras de construcción o en empresas de confección. Ahora están buscando espacio en uno de los cinco albergues de Norte de Santander.
Las últimas cifras de la Cancillería señalan que han sido deportadas 1.071 personas, de las cuales 830 son adultos. La Alcaldía de Cúcuta ya admitió que no tiene suficiente capacidad para atender a las familias. De hecho, del total de deportados solo 608 están recibiendo ayuda en los albergues. Han sido entregados 500 colchonetas, 500 kits de aseo y 1.000 carpas. El Sol se ocultó y el río Táchira seguía rodeado de sofás, armarios, mesas y camas. Los camiones no dieron abasto.
Mientras tanto, en el albergue de Villa del Rosario se empezó a ver el hacinamiento: cuatro personas en una colchoneta, niños por fuera esperando un espacio para ingresar y alimentación intermitente.
El coordinador de este albergue es Guillermo José García, funcionario de Villa del Rosario: “Llevamos tres días recibiendo personas. Tenemos cerca de 500 personas que no tienen una muda de ropa. Hoy tenemos comida, no sabemos qué va a pasar mañana”.
