Gustavo Villegas Restrepo, secretario de Seguridad de Medellín, no tomó muy en serio ni se preocupó hace una semana, cuando un abogado penalista le advirtió que la Fiscalía estaba detrás de él y que tendría problemas por el trabajo que venía realizando para facilitar el sometimiento a la justicia de integrantes de bandas criminales.
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Ayer, esos líos comenzaron, porque la directora de la Fiscalía de Medellín, Claudia Carrasquilla, reveló que el funcionario del gobierno de Federico Gutiérrez, habría cometido el presunto delito de concierto para delinquir agravado.
La fiscal dijo, textualmente, que “se pudo establecer que a través de una información que se brindaba a cabecillas de estructuras delincuenciales, como alias “Pichi” y Julio Perdomo, permitió que, o mejor, se pretendía que esto favoreciera el sometimiento de algunas estructuras delincuenciales ante la justicia, con el fin de obtener beneficios dentro de este proceso de paz y dentro de este proceso de negociación que se viene haciendo. Eso es lo que se ha podido establecer inicialmente dentro de la indagación”.
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Enterado de que en su contra existía una orden de captura, Villegas Restrepo presentó renuncia irrevocable a su cargo, la cual le fue aceptada, y se presentó con su abogado ante las autoridades. Así lo reportó el alcalde de Medellín, en un comunicado público en el que también advirtió que su hoy exsecretario de Seguridad dejó el gabinete “para no entorpecer la investigación y mantener la institucionalidad”.
El mandatario local agregó que “ante la gravedad de esta situación, yo mismo me pongo al frente. Inmediatamente citamos a un consejo de seguridad extraordinario, en el que reafirmamos la lucha estructural que venimos dando contra la criminalidad”.
Las gestiones de Villegas
En medio de la reserva que tiene este proceso, la fiscal Carrasquilla les precisó ayer a los medios de comunicación que la investigación contra Gustavo Villegas Restrepo data del 22 de julio de 2016, que la misma la venía adelantando la seccional en Medellín de la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado y que “se pudo obtener elementos materiales para solicitar su captura”.
Es de anotar que, justamente en julio de 2016, comenzaron a presentarse en Medellín varios sometimientos a la Justicia de miembros de bandas criminales, que vieron la oportunidad de obtener beneficios en el Decreto 1175 de 2016 del Ministerio de Justicia.
El citado decreto establece que “el Gobierno Nacional, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena o solicitar la pena alternativa en contra de miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.
La norma sirvió para volver “gestor de paz” al capturado excabecilla del Eln Carlos Arturo Velandia, alias “Felipe Torres”, exintegrante de la Dirección Nacional de esa guerrilla que busca un acuerdo de paz con el gobierno y quien tenía una orden de captura por secuestro extorsivo, homicidio y hurto agravado.
El decreto promulgado por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón no circunscribió el beneficio a la guerrilla o a los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, dado que habla en general de “miembros de grupos armados al margen de la ley”. Por ello, hasta cabecillas de la llamada “Oficina de Envigado” comenzaron a ver allí una buena oportunidad para someterse a la justicia.
El abogado penalista Michel Pineda asesoró en su entrega a las autoridades a seis integrantes de la banda “La Terraza”. Él y sus clientes estaban convencidos de que el Decreto 1175 “es la herramienta jurídica más novedosa del Gobierno para construir la paz en el país”.
Bajo esa motivación, y en el despacho del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, se sometieron alias “”Chómpiras”, “El Cabezón”, “Vikingo”, “Víctor”, “Gallego” y “Tocineta”.
En un informe periodístico publicado por EL COLOMBIANO el 3 de noviembre de 2016, Villegas Restrepo sostuvo que las entregas obedecían a la presión y eficiencia de las autoridades en la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales. También anotó que cabecillas de bandas delincuenciales no le habían dicho a él de su deseo de someterse: “probablemente los abogados habrán hecho esas afirmaciones o hablarán de esos temas con la Fiscalía”.
Consultado sobre el presunto interés de Villegas en favorecer el sometimiento a la justicia de estructuras criminales, el abogado Michel Pineda recordó que los sometimientos a la ley están previstos en el Código de Procedimiento Penal y “no tienen por qué generar sospecha”.
Agregó que la tarea de la Secretaría de Seguridad es “facilitar el proceso de bienestar de Medellín y que con su interpretación la Fiscalía está sugiriendo que la Unidad de Bandas Criminales (Bacrim) estaría en una función irregular, porque es a ella la que le compete adelantar el trámite con las personas que se van a someter”.
Pineda sostuvo que esos sometimientos fueron acompañados hasta por representantes de la Iglesia Católica, obtuvieron las rebajas de penas que fija la ley y purgan en prisión condenas entre 6 y 8 años.
