La directora de fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, dejó sonando este martes en su rueda de prensa dos nombres de cabecillas de “la Oficina” que estarían relacionados con el caso del secretario de Seguridad, Gustavo Villegas.
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“Se pudo establecer que a través de una información que se brindaba a cabecillas de estructuras delincuenciales como alias ‘Pichi’ y Julio Perdomo, se pretendía que esto favoreciera el sometimiento de algunas estructuras delincuenciales ante la justicia con el fin de obtener beneficios dentro de este proceso de paz y negociación que se viene haciendo”, confirmó la fiscal Carrasquilla.
Así mismo, confirmó que la investigación contra Villegas fue adelanta desde el 22 de julio de 2016, donde se pudieron obtener pruebas para ordenar su captura.
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Aunque la declaración de la Fiscalía es bastante ambigua en este caso, pues no se precisa el nivel de relación con estos cabecillas ni las características de las pruebas, se infiere que se habla de Edinson Rodolfo Rojas alias “Pichi Gordo” (capturado en febrero de 2013) y Julio César Perdomo González, alias “el Viejo”.
Este último capturado en marzo de 2017 y desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, proceso que lideró Villegas. Además señalado de fungir como líder comunitario para recibir dineros del Presupuesto Participativo en el barrio Caicedo.
Y también escogido por importantes jefes de la organización, entre los que estaba “Douglas”, el mismo “Pichi Gordo”, “Barny”, “Carlos Pesebre”, “Diego Chamizo” y “Soto”, para adelantar los acercamientos entre los combos y las autoridades locales.
En ese proceso se indica que “la Oficina” contaba con asesoría de abogados y se aprovechaba de normas expedidas con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
Se conoce además que estas personas acompañaron el sometimiento a la justicia de varios integrantes de la “Odín la Terraza” y la “Odín Caicedo”, que fueron presentados ante la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín de Gustavo Villegas, como una muestra de la aparente voluntad de paz de “la Oficina”.
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Frente a estas gestiones, no hubo una respuesta oficial de las autoridades. Se sabe que la Fiscalía estudiaba la viabilidad del tema y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz estaba enterada, pero nunca se involucró.
Se presume además, que para realizar esas entregas voluntarias, se habrían tenido que realizar reuniones entre delegados de parte y parte, lo que no se sabría es qué tipo de información se habría compartido en dichos encuentros y de qué nivel.
La Dirección Nacional contra el Crimen Organizado es la que lleva a cabo esta investigación y la que tendrá que determinar este miércoles en audiencia de garantías el alcance de estos posibles encuentros.
Vale la pena señalar que el Gobierno Nacional es el único autorizado para iniciar acercamientos de este tipo, ya sea con las bandas o grupos armados. Y cualquier mediador debe tener permisos otorgados por el Presidente para adelantarlos. Por su parte, solo la Fiscalía podría tener contactos con los líderes de estas organizaciones para su sometimiento a la justicia.