La comuna 13 es el reflejo de la enorme capacidad de Medellín para salir del fango y sobreponerse a la adversidad, al punto de que es el sitio preferido para presumir ante el resto del mundo nuestra transformación social. Pero también es el ejemplo de una estrategia de lucha contra el crimen que necesita más resultados.
El alcalde Federico Gutiérrez está al frente de la situación y se ha mostrado rodeado de las demás instituciones de seguridad. Hay aumento del pie de fuerza, caravanas seguras para los buses y acompañamiento a los niños que van estudiar. La tarea se está haciendo, ¿pero qué falta?
Si observamos el mapa delincuencial de la actualidad, que según fuentes policiales y judiciales incluye 36 combos, nos damos cuenta que son las mismas estructuras que quedaron después de la desmovilización paramilitar (2006), es decir, existen hace doce años como mínimo.
Esto significa que las autoridades deben seguir intentando desmantelar esos grupos. Los últimos alcaldes, directores seccionales de Fiscalía y de Policía Metropolitana focalizaron la estrategia en el ataque puntual a cabecillas y objetivos de alto valor, los cuales una vez capturados, son reemplazados con facilidad por las bandas.
“Esta es la primera Alcaldía que reconoce públicamente que para desmantelar un grupo ilegal hay que atacar sus finanzas, pero de ahí a que suceda, hay un largo camino que requiere de la participación de instituciones de orden nacional, como la rama judicial. El tema está en proceso, pero es un asunto tan estructural, que se va a demorar”, comenta Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de Eafit.
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Ciclo interminable
Los combos de la comuna 13, pese a recibir golpes por operativos ocasionales, permanecen activos y en esta década han desestabilizado el orden público en cuatro ocasiones.
La primera fue entre 2008 y 2011, durante una guerra interna en la organización mafiosa “la Oficina”, que enfrentó a las facciones de los cabecillas “Valenciano” y “Sebastián” en el Valle de Aburrá. San Javier fue un escenario crítico en esa confrontación, en la que hubo homicidios, tiroteos, fronteras invisibles, paros de buses y del Metrocable.
La segunda, de 2012 a mediados de 2013, tuvo como protagonistas a los mismos combos, pero ahora por una motivación distinta: la pelea era entre los patrocinados por “los Urabeños” (como el combo de “la Agonía” y “Guadarrama”) y los que servían a la “Odín Robledo” (como “El Coco” y “El Pesebre”).
La tercera crisis afectó la frontera con el corregimiento San Cristóbal, en mayo de 2013. Los enfrentamientos de los combos “la Loma”, “Peñitas” y “San Pedro” ocasionaron el desplazamiento de 40 familias y las muertes de varios jóvenes.
Ahora los lugareños padecen un cuarto episodio, que comenzó el 22 de abril pasado y se prolonga hasta hoy. De nuevo, hubo cese de prestación de servicio de rutas de buses y evacuación del Metrocable, tiroteos, homicidios selectivos, quemaron un bus en Calasanz y la vecindad está atemorizada.
La actual situación se agravó por el terrorismo sicológico que ha rondado las redes sociales, por las que circulan panfletos, fotos y videos de hechos que no corresponden al problema, pero que gente malintencionada distribuye para echarle sal a la herida.
¿Qué está pasando?
El 21 de abril fue capturado Cristian Mazo Castañeda (“Sombra”), un lugarteniente de Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), el jefe de la “Odín Robledo”. Para las autoridades, ese arresto fue el detonante de la crisis, que no solo afecta a varios barrios de la comuna 13, sino también de la 7 (Robledo).
La Alcaldía y la Fiscalía revelaron conversaciones en las que integrantes de la “Odín Robledo” y sus aliados de “la Terraza” buscan coordinarse para incrementar la inseguridad. Los primeros fomentan tiroteos, los segundos atracos motorizados a plena luz.
El propósito de esos dos grupos es doble: afectar la gestión de la Administración Municipal, que los convirtió en enemigos públicos, y presionar la negociación de un sometimiento con beneficios judiciales, un intento que se vio frustrado con la captura del anterior secretario de Seguridad, Gustavo Villegas.
Las acciones criminales están siendo ejecutadas por los combos de “Betania”, “el Coco”, “la Divisa” y “el Acopio”, que a partir de hostigamientos e incursiones en territorios enemigos, provocaron que se sumaran a la confrontación los de “la Pradera, “la Quiebra”, “la Agonía”, “la Imperial”, “el Diamante”, “Bello Horizonte” y otros.
La captura de “Sombra”, sin embargo, no explica todos los hechos. Otros combos están aprovechando para ejecutar sus ajustes de cuentas y camuflarse bajo la estela de plomo de la “Odín Robledo” en San Javier y Robledo.
Hasta ahora, la tarea de la Fuerza Pública normalmente es reactiva: donde hay disparos, aparece, pero su capacidad de anticipación es muy débil. Máxime si se tiene en cuenta que las órdenes para desestabilizar estos vecindarios provienen de cabecillas que están en la cárcel, presuntamente en poder del Estado.
¿Qué sucede en esas prisiones, que el Inpec parece incapaz de aislar a los peces gordos de sus redes criminales?
“El sistema penitenciario es inoperante en estos casos. Se ha tratado de aislar las comunicaciones de estos cabecillas con equipos tecnológicos, pero no funcionó, terminaron afectadas las comunidades aledañas a las cárceles. Ese eslabón no funciona”, dice Jorge Mejía, exconsejero para la Convivencia y la Reconciliación de la Alcaldía (2012).
¿Quién iba a pensar que los problemas que hoy agobian a San Javier y Robledo están tan ligados a esos fenómenos que competen al Gobierno central? En esta crisis no solo le corresponde actuar a la Alcaldía, también se requiere un esfuerzo del Estado nacional.
