Arnulfo de Jesús Serna Giraldo, consejero de la Alcaldía de Medellín y director de política criminal de la Secretaría de Seguridad, renunció el pasado miércoles a su cargo, aduciendo amenazas contra su vida.
Así lo revelaron a EL COLOMBIANO fuentes de la administración de Federico Gutiérrez Zuluaga. Serna Giraldo fue asesor del gobierno de Aníbal Gaviria Correa, en el que llegó a desempeñarse como secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.
Serna Giraldo fue director seccional de Fiscalías en Medellín y con su salida ya son cuatro las personas que han dejado sus cargos en el contexto del caso que le abrió el ente acusador a Gustavo Villegas Restrepo, exsecretario de Seguridad de Medellín, por presuntamente favorecer, en lugar de perseguir, a la llamada “Oficina de Envigado”.
Villegas Restrepo fue el primero en salir del gobierno de Federico Gutiérrez. Lo hizo el 4 de julio de 2017, al conocer una orden de captura en su contra y para asumir su defensa por el presunto delito de concierto para delinquir y omisión de denuncia que le imputó la Fiscalía.
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Ese mismo día renunció Yolanda María Serna González, contratista de la Secretaría de Seguridad. La abogada, experta en temas penales y administrativos, fue asesora del director seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio.
A la lista anterior se suma la salida de Jorge Gaviria Vélez, contratista que se desempeñaba como director del programa de Reintegración Sostenible para un Territorio en Paz.
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Es de anotar que Jorge Gaviria Vélez promovió la elaboración del borrador del proyecto de ley para el sometimiento y acogimiento de las organizaciones criminales a la ley. Él es hermano de Diego y tío de Juan Alejandro Gaviria, los dos abogados que renunciaron a la representación jurídica del exguerrillero Mariano Humberto Zea Ospina, a quien la Fiscalía le imputa los mismos delitos de Gustavo Villegas. Los juristas obraron así, según manifestación pública, porque como ellos participaron en la elaboración de esa misma iniciativa, consideraban que se les podría generar un conflicto de intereses y, eventualmente, ser imputados luego por el ente acusador.
