Envigado no ha sido el único municipio antioqueño que ha visto cómo algunos de sus funcionarios más importantes son capturados para responder acusaciones frente a la justicia.
El caso más reciente se ubica en el municipio de El Bagre, cuyo alcalde, Ángel Mesa Castro, fue capturado el pasado 15 de noviembre por el CTI de la Fiscalía General de la Nación para responder como presunto responsable de haber incurrido en celebración de contratos sin cumplir los requerimientos y falsedad de documentos públicos..
Cuatro días después un juez de control de garantías de Medellín le impuso medida de aseguramiento domiciliaria.
Para saber más: Las cuentas pendientes de los alcaldes de Antioquia
Conozca otros alcaldes que responden por delitos ante la justicia.
Barbosa
El caso más sonado de los últimos meses hace referencia al alcalde de Barbosa, Édison García, quien fue capturado el pasado mes de octubre por la Fiscalia acusado de presunta contratación ilegal, entre otros delitos.
El pasado 30 de octubre un juez de garantías dictó en su contra medida de aseguramiento en centro carcelario.
Yalí, obligado a nuevas elecciones
Yalí, en el Nordeste de Antioquia, eligió el pasado 19 de agosto a Sandra Milena Ramírez, del partido Conservador, como nueva alcaldesa, después de que el anterior, Raúl Hernando Roldán, fuera capturado el pasado 24 de mayo por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos.
Desde ese día Roldán está en prisión domiciliaria, cumpliendo una condena de seis años.
Cáceres
Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, es otro municipio que ha visto pasar por su administración a tres alcaldes encargados en los últimos meses, debido a la captura, a principios de 2018, de José Mercedes Berrío, el hombre elegido por el 51% de los votantes.
Berrío fue capturado por el delito de concierto para delinquir agravado. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Itagüí
El caso Bello
El 3 de diciembre de 2016 el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín le dictó al mandatario de Bello, César Suárez Mira, prisión domiciliaria, por falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal.
Esta determinación se mantuvo hasta el 13 de septiembre de 2017, cuando el juzgado 41 penal ordenó levantar la medida de aseguramiento. Entonces, Suárez retomó su cargo como alcalde de Bello.
