El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, publicó este martes los resultados obtenidos sobre del trabajo conjunto ejercido por la Policía y el Ejército a razón de combatir la minería ilegal en el subregión del Occidente de Antioquia. Pérez aseguró que unas 2.780 personas que realizaban la minería ilegal han salido voluntariamente de Buriticá desde que las autoridades adelantan operativos en esa zona. Y otros 1.100, de los pueblos vecinos — Giraldo, Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas—.
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“Estas personas, voluntariamente, han cogido su morral y han dicho aquí no hay nada más que hacer, nos vamos para otro lugar. Y paulatinamente, sobre todo el municipio de Buriticá, ha venido recuperando su tranquilidad y su seguridad. Igualmente en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Giraldo han bajado todos los problemas de seguridad que teníamos en la zona”, explicó Pérez, quien también aseguró que tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo han manifestado públicamente una “altísima satisfacción por el respeto de los derechos humanos en la zona”.
El Gobernador explicó además el hecho de no sentirse aún satisfecho frente al tema de seguridad que tiene el departamento. “No vamos a descansar hasta que no arrinconemos cada vez más a los “ilegales” y de alguna manera, esta rueda de prensa, se sigue convirtiendo en una veeduría que cada ocho días tenemos buenas noticias de seguridad para el departamento de Antioquia”.
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Según Pérez, en la minería de oro de Colombia “no existe ninguna región que uno pueda decir que es ejemplar, que es pacífica, que está trayendo bienestar social. En Buriticá, tal como lo hemos dicho ya en varios capítulos, tenemos una intervención en primera instancia de la policía nacional con un apoyo permanente de cerca de 500 hombres adicionales del Ejército. Allá había un conflicto que pensábamos que iba a ser casi imposible de resolver. Hasta hoy no se ha disparado un solo tiro, hasta hoy no se ha lanzado un solo gas lacrimógeno y hemos venido avanzando pacíficamente”.
En datos del Gobernador, en Buriticá, en donde los problemas de orden público están totalmente controlados con un resultado de cero homicidios y cero delitos, las autoridades han incautado 77.500 millones de pesos en bienes propios de la actividad de la minería ilegal. “Eso muestra la infraestructura tan gigante la que se había creado allá y la que se sigue creando”, acentúo el mandatario.
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Y agregó, “nuestro propósito no es solamente una actividad policial, es una actividad de organización de la minería. Ya estamos creando una mesa de trabajo para ver a quién se le van a entregar unos 1.000 a 1.500 puestos de trabajo para la gente de la zona. Y, también, para ver cuáles son los mineros tradicionales que están aspirando a formalizarse”.
Su propósito, dijo Pérez, es “entregarle al país una zona minera justa, progresista, socialmente avanzada. Y todavía nos falta. Hasta que tengamos una organización económica, social y de seguridad excelente que no permita que un futuro se nos vaya a dañar la zona”.
