Por medio de una carta pública, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pidió ayuda al presidente Iván Duque Márquez para solucionar los problemas que afectan a los mineros tradicionales y artesanales del departamento.
La misiva, que fue radicada en la Casa de Nariño el pasado 31 de enero, precisa que varias zonas mineras de Antioquia llevan más de un siglo en una guerra silenciosa tolerada por el Estado, y que solo se pacificarán cuando “se defina una política seria y humanitaria de respeto y dignificación de los mineros ancestrales”.
Pérez criticó que las licencias de minería de oro sean adjudicadas principalmente a los grandes inversionistas y de manera concreta le solicitó a Duque: “Se necesita, Señor Presidente, que usted ordene que le entreguen a Antioquia y ojalá a otros departamentos, el manejo de las Áreas de Reserva Especial, para organizar a los mineros ancestrales en grupos cooperativos y ofrecerles condiciones dignas de vida y trabajo (...)”.
El Gobernador insistió en que para estos mineros es más barato ser ilegal que “seguir el tortuoso peregrinaje burocrático de legalizarse” y cuestionó el papel de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que depende del Gobierno Nacional.
“Por Ley, la Agencia Nacional de Minería tiene sus amores y sus ojos en los grandes inversionistas y no parece tener interés en estimular las Áreas de Reserva Especial, que esencialmente van a proteger a los pobres, a los mineros ancestrales”, redactó el mandatario antioqueño.
En la página oficial de internet de esa agencia hay un documento que define qué son las Áreas de Reserva Especial: “Es un área declarada por la ANM en favor de una comunidad minera, en un área libre en donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, cuya concesión solamente se otorgará a la misma comunidad que haya ejercido la actividad minera tradicional, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes”.
A juicio de Pérez, si la Gobernación adquiere el manejo de esos territorios podría optimizar las condiciones de la minería ancestral, y citó el caso del Bajo Cauca, donde quienes se dedican a ese oficio “son tratados como delincuentes”.
A continuación, la carta completa:
