Los líos judiciales tienen en ascuas a varios municipios de Antioquia. De los 125 alcaldes elegidos para gobernar entre 2016 y 2019, uno ya fue condenado y destituido, otro está tras las rejas y tres más afrontan procesos penales desde la libertad, por delitos que van desde el concierto para delinquir (supuestas alianzas con grupos delincuenciales), pasando por tentativa de secuestro, peculado y hasta falsificación de diplomas de bachillerato.
La situación más crítica la tiene Yalí, en el Nordeste de Antioquia. Sus habitantes tienen que volver a las urnas el próximo 19 de agosto para elegir un nuevo alcalde, pues el anterior, Raúl Hernando Roldán, fue capturado el pasado 24 de mayo, y desde entonces está en prisión domiciliaria, cumpliendo una condena de seis años por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos.
Al estar condenado, la destitución de Roldán fue inmediata. En su reemplazo, y durante 21 días, estuvo como alcalde encargado el entonces secretario de Gobierno, Jorge Alberto Piedrahíta. Desde el pasado 14 de junio, el mandatario encargado, por decreto, es Fabián Guillermo Ochoa, quien se había desempeñado como técnico ambiental.
“La situación del Municipio es complicada porque la captura coincidió con la Ley de Garantías, entonces no hemos podido firmar convenios para cumplir con el Plan de Desarrollo”, dijo Ochoa.
El alcalde (e) aseguró que el municipio necesita con urgencia intervención en las vías terciarias que quedaron afectadas por la pasada ola invernal, mejoramiento del acueducto en varias veredas y una urgente actualización del esquema de ordenamiento territorial.
Tras las rejas
Cáceres, municipio del Bajo Cauca, ha tenido tres alcaldes en los últimos seis meses. José Mercedes Berrío, el hombre elegido por el 51% de los votantes, está detenido desde el pasado 30 de enero por el delito de concierto para delinquir agravado. Según reportes de la Fiscalía, “la captura tiene que ver con presuntos nexos con el frente Virgilio Peralta del Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca”.
Tras la detención, el secretario de Gobierno, Rafael Sánchez Yabur, fue designado como alcalde encargado hasta el pasado 22 de junio, cuando el gobernador Luis Pérez Gutiérrez nombró como alcaldesa a Sandra Durán Martínez, quien tomó posesión del cargo una semana después.
“Fueron cinco meses muy duros. Me tocó bailar con la más fea porque cuando capturaron a Mercedes afrontábamos una crisis de desplazados, una racha de homicidios y luego la crisis de Hidroituango, donde tuvimos varios días con alerta naranja”, contó Sánchez, quien fue declarado insubsistente por la nueva alcaldesa el pasado 26 de julio.
El alcalde sigue detenido en la cárcel Yarumito, Itagüí.
Libres, pero imputados
Los alcaldes de El Peñol (Oriente), Maceo (Magdalena Medio) y Bello (Valle de Aburrá), estuvieron detenidos y siguen con cuentas pendientes y, aunque recuperaron su libertad, aún están vinculados a los procesos judiciales.
José Cirilo Henao, alcalde de El Peñol, fue capturado el pasado 11 de diciembre por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato.
“Estuve detenido un mes, y creo que hay una persecución política detrás de todo eso, porque hubo acta de modificación del contrato y todo. Me sentí muy conmovido porque el día de la audiencia más de 400 personas, muchas de ellas campesinas, se encontraron para manifestar apoyo”, dijo y aclaró que su detención retrasó la ejecución de algunos proyectos.
El mandatario criticó la falta de apoyo en estos casos. “Un alcalde de un municipio de sexta categoría como el mío está solo en esto. El contrato por el que me investigan costó $29,1 millones y en abogados para la defensa ya me he gastado, de mi bolsillo, más de $80 millones”, dijo.
César Suárez Mira, alcalde de Bello, fue capturado en diciembre de 2016 cuando la Fiscalía lo llamó a responder por la supuesta falsificación de su título de bachiller. El mandatario estuvo en prisión domiciliaria hasta el 13 de septiembre de 2017, y ocho días después volvió al cargo. Durante su ausencia estuvieron como encargados el secretario de Gobierno, Jairo Araque, y la exdirectora de Maná, Gloria Montoya.
“Denuncia sin respaldo”
El 22 de julio de 2017 un titular disparó las alarmas: el alcalde de Maceo, Édgar Alirio González, había sido capturado por tentativa de secuestro. “Me detuvieron en Barranco de Loba, Bolívar y me llevaron a Mompox; no pudieron legalizar la captura porque en el SPOA (registro del proceso penal) no aparecía. Me soltaron y cuando regresaba, me recapturaron en Pelaya; tampoco me pudieron legalizar la captura ni imputar, porque no había nada”, contó.
El mandatario dijo que los tres días de detención fueron duros y afectaron a su familia. “No he demandado, pero el que me puso ese SPOA falso era alguien con mucho poder”, dijo y agregó que su gestión ha sido transparente, pues logró sacar al pueblo de la Ley 550 (de reestructuración).
González reconoció que tiene vigente —“aunque a punto de precluir”—otro proceso por uso de arma de fuego”, antes de ser alcalde .
6
años de prisión le dieron al único alcalde que ya fue condenado: el de Yalí.
