La sensación de intranquilidad, propia de las áreas urbanas, se trasladó a las zonas rurales de Antioquia. Según el Departamento de Policía, en 2016 se registraron 450 hurtos a casas de campo; mientras que en 2017, con 648 registros, hubo un incremento de 44 %. Este año, con corte a marzo, van 145 robos a fincas, 27% menos que el año pasado.
Uno de los casos más recientes fue el pasado 11 de abril en una finca de Sajonia (Rionegro), cuando cinco delincuentes amordazaron a dos trabajadores y se llevaron televisores, teléfonos y hasta nevera y lavadora. “Les taparon los ojos y los llevaron a la casa principal. Los obligaron a desactivar la alarma. Luego fueron encerrados y empezaron a desocupar la casa”, contó el propietario.
Rodrigo Correa, dueño de una finca en San Pablo (corregimiento de Santa Rosa de Osos), denunció que en la zona se presentan hurtos de ganado bovino y equino, y asaltos al bus intermunicipal.
El problema, indicó, es que para poder denunciar deben ir hasta la cabecera municipal, que queda a más de dos horas. “La estación de Policía más cercana está en Porce (corregimiento de Santo Domingo) pero se niegan a recibir denuncias y a prestar protección, porque no es su jurisdicción. Trasladarse hasta Santa Rosa demora todo el día. Entonces, la gente omite la formulación de la denuncia”, sostuvo.
La subregión más afectada por este tipo de delito es el Oriente con el 51 % de los casos en 2016 (233 registros) y en 2017 (334). Este año van 80 denuncias (52 %). En parte, la inseguridad en esta zona se explica por el alto desarrollo inmobiliario y el aumento población. Según registros de Camacol, la venta de vivienda subió 500 % entre 2009 y 2016.
La segunda zona con mayor inseguridad es el Suroeste, que registró 22,2 % de los casos en 2016 y el 18,6 % en 2017.
El coronel Carlos Mauricio Sierra, comandante de la Policía Antioquia, explicó que hace 15 días identificaron la participación de atracadores de grupos de Bello implicados en al menos 22 hurtos a fincas en los municipios de El Retiro, La Ceja y Rionegro, en el Oriente.
Sierra añadió que el factor de oportunidad (cuando un delincuente encuentra un objetivo sin vigilancia) es la modalidad más empleada para la comisión de este flagelo, con 52,4 % de los registros en 2017. Lo sigue la violación de cerraduras (20,5 %) y el atraco a mano armada (16,2 %).
Entre los objetos más hurtados se encuentran dispositivos móviles, cámaras, portátiles, joyas y dinero en efectivo, que presentan mayor facilidad para transporte y venta.
“Los fines de semana se reporta mayor afectación. Se están incrementando patrullajes en esos días. Tenemos identificados maleantes de combos delincuenciales de Medellín, que van, impactan y se regresan”, añadió Sierra. El uniformado dijo que se ha evidenciado, en algunos casos, la complicidad de mayordomos. “Dicen quiénes y cuántos carros llegaron o cuándo salieron”, señaló.
Distancia y reacción
El general retirado de la Policía, Luis Ernesto Gillibert, explicó que la falta de comunicación entre finqueros y autoridades, además de las largas distancias que los efectivos tienen que recorrer, son factores que facilitan el accionar de los delincuentes, porque “su capacidad para huir es muy favorable. Esto hace vulnerables a todos los habitantes en las zonas rurales del país”, indicó.
Para Jorge Mejía Martínez, exsecretario de Gobierno de Antioquia, la inseguridad en el campo es la consecuencia de la falta de control del Estado, en particular, de la fuerza pública que sigue siendo insuficiente para brindarle seguridad a la población rural.
Mejía mencionó otro factor de coyuntura en las zonas donde antes operaba la guerrilla de las Farc, porque tras la desmovilización de algunas de sus estructuras, llegaron otros grupos que generan zozobra e intranquilidad.
“La preocupación de las comunidades es saber quién va a asumir la administración de justicia en esos territorios, porque hoy no ha llegado el Estado con la prestación de servicios. No se ha incrementado ni un inspector ni un comisario de familia y, si tenemos faltantes en cascos urbanos, cómo será en las zonas rurales. En general, el aparato de justicia tiene un gran déficit en la ruralidad”, opinó.
Mejía aseguró que la estrategia de la política criminal de perseguir objetivos de alto valor está desgastada, porque “está demostrado” que estas acciones no han desvertebrado las estructuras. “El blanco no solo deben ser los jefes, hay que ponerle dientes a la asociación para delinquir. Se persigue poco esa modalidad que, considero, es el corazón del problema”, acotó.
Para Max Yuri Gil, sociólogo e investigador social, las autoridades deben identificar que está originando el fenómeno, si hay creación de nuevas estructuras y qué ha cambiado en el entorno para que estás sientan que tienen mayor oportunidad delictiva.
“Habrá que identificar a las personas que componen estas organizaciones para establecer su procedencia, porque, es en zonas como el Oriente donde existe mayor control de las autoridades”, aseguró.
¿Qué soluciones existen?
Para Gillibert, la única salida es el contacto permanente entre finqueros y residentes de zonas rurales con las autoridades, además de establecer medios de comunicación para alertar a tiempo. “El mensaje urgente que debe enviar la comunidad es que está organizada y que cuenta con capacidad de reacción, amparada en la Fuerza Pública”, dijo.
Otra recomendación, según Gillibert, es organizar bloques de patrullaje permanente que propicien cercanía con el ciudadano para conocer sus necesidades.
“Hay que motivar a los residentes a que denuncien, pero para que puedan hacerlo, se necesita tender puentes que faciliten la diligencia. Es muy difícil que un finquero se tenga que desplazar a la cabecera municipal. Las autoridades deben facilitar la denuncia acercándose a la zona rural”.
El coronel Sierra contó que crearon un grupo de reacción que permite llegar en menores tiempos a las zonas más afectadas. “Pedimos que si algún finquero se va de la finca, se lo comunique a los vecinos para que estos queden encargados. Se necesita más solidaridad. También establecimos un grupo, con policías de tránsito y transporte, para llegar a las vías terciarias”, concluyó.
