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Suerte del gerente de La María, en manos de junta

Órgano sesionará mañana para revisar presuntas irregularidades en contratos y cirugías al Contralor y a familiares del directivo.

  • Mañana se reunirán los seis miembros de la junta directiva del Hospital La María, adscrito a la Administración Seccional para decidir acciones frente al gerente de la entidad. FOTO Manuel Saldarriaga
    Mañana se reunirán los seis miembros de la junta directiva del Hospital La María, adscrito a la Administración Seccional para decidir acciones frente al gerente de la entidad. FOTO Manuel Saldarriaga
18 de octubre de 2016
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Fue enfático el gobernador, Luis Pérez, en que se le debía hacer frente de manera inmediata al caso del hospital La María. Incluso, a finales de la semana pasada, regañó a su secretario de Salud, Héctor Jaime Garro, por no haber citado a una junta directiva en la entidad médica.

Pues bien se le escuchó, y de inmediato llegó la citación, de carácter urgente, para que mañana miércoles se analice el caso que ha puesto en entredicho al gerente, William Marulanda Tobón, por supuesta vinculación de familiares suyos a la entidad y realizar cirugías estéticas a familiares y al Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quien audita el hospital.

Garro confirmó la reunión, que iniciará a primera hora de mañana. Añadió que hizo una solicitud de información a la Gerencia para que responda, con pruebas en mano, por las acusaciones en su contra. También aclaro que el hospital está habilitado para realizar cirugías plásticas.

“Lo otro que se le cuestiona a él (Marulanda Tobón), y que le corresponderá a la junta directiva establecer, es cómo se prestaron esos servicios, si se facturaron, si se pagaron. La junta, basada en ello, se pronunciará”, indicó.

Al respecto, Marulanda ha dicho que el contralor, “independientemente de su cargo público, está en todo el derecho de practicarse cualquier tipo de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, escogiendo el centro hospitalario de su preferencia”.

Además aclaró que todos los servicios prestados a Zuluaga, que ascendieron a 7,71 millones de pesos, fueron asumidos y cancelados por él.

En todo caso, para Garro el proceso de investigación del caso La María se ha realizado dentro de legalidad y los tiempos establecidos.

“En el marco del Estado Social de Derecho hay unas acusaciones y el gerente tiene derecho a defenderse. La Procuraduría le solicitó las hojas de vida de las personas que tienen el apellido Tobón que, supuestamente, son familiares del Gerente. Esas personas entregaron declaraciones juramentadas en las que dicen que no tiene el grado de consanguinidad que les generaría inhabilidades”, explicó.

No obstante, el mandatario seccional fue enfático con Garro: “usted como Secretario de Salud y presidente de la junta directiva del Hospital La María debió citar con urgencia una reunión de la Junta para estudiar a fondo este problema. Ha estado en mora de hacerlo”, dijo, el pasado viernes.

Urgente, saber la verdad

Por ahora, el malestar ha crecido por el tema. El diputado del Polo Democrático, Jorge Gómez, exigió la renuncia de Zuluaga, de quien dijo, fue recomendado por el gobernador Pérez ante los diputados para que lo eligieran en su cargo.

Por otro lado, en cuanto al presunto favorecimiento con puestos de trabajo a familiares del gerente Marulanda, de quien Gómez también exigió su dimisión, el Secretario de Salud dijo que el tema le compete a la Procuraduría, “que hará las investigaciones de rigor y se pronunciará de fondo si hay o no nepotismo”.

Garro aceptó que es urgente para la administración y la comunidad conocer la verdad sobre lo qué pasó y que la Junta Directiva toma acciones: “debe (Marulanda Tobón) llevar todas las facturas y documentos. De lo que se derive, dependiendo de la información a la que podamos llegar, se vera si es necesaria la participación de entes de control”, enfatizó.

Recordó que, el gerente Marulanda Tobón hace parte de un nombramiento de periodo, proceso constitucional, que lo tiene en el cargo hasta marzo de 2020. “En esto tenemos que ser respetuosos y llevar a cabo con rigor la investigación. No absolverlo, ni condenarlo. Darle garantías”, concluyó el funcionario.

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