No obstante la alarma lanzada desde la Gobernación de Antioquia para denunciar el grave hacinamiento carcelario, que lo calcula en un 200 %, organizaciones defensoras de los derechos de los reclusos afirman que dichos cálculos están errados y que el nivel de hacinamiento es muy superior.
Según el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, la sobrepoblación de reclusos en Antioquia es de 9.000, lo que, a su juicio, constituye un problema grave, “porque dificulta la capacidad de todos los organismos, se pueden estar violando los derechos humanos y llegará el momento que no podremos recibir más presos, se generaría un caos en la aplicación de justicia”.
Pérez adelantó que le pedirá al Gobierno Nacional que establezca alianzas para que el sector privado construya cárceles a corto plazo y se les pague por recluso atendido.
“El problema carcelario es competencia del Inpec y el Gobierno Nacional (...), yo solo podría coparticipar en la solución”, afirmó.
Más grave
Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, aclaró que los municipios son responsables de atender los presos sindicados (los no condenados), “y el Gobernador, como cabeza visible de todos los municipios, tiene obligación de apoyarlos”.
Dijo que esos sindicados “representan el 45% de la población carcelaria, y tanto son responsabilidad de los municipios que El Pedregal se construyó para albergar sindicados y Medellín aportó los terrenos”. Solo que ya alberga más condenados que sindicados.
Precisó que el hacinamiento es casi del 300 %, pues en Bellavista, construida para albergar 2.424 presos, hoy tiene más de 6.000.
Un estudio del Inpec (a 2014) revela que en la regional Noroeste (Antioquia y Chocó) hay 21 establecimientos que deberían albergar el 11,2 % del total de internos del país. Su capacidad es para 8.485 reclusos y a 2014 albergaba 16.316 (13.5 % del total nacional).
Luis Pinzón, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios seccional Bello (cárcel Bellavista), opina que la sobrepoblación se da porque la política criminal va contraria a la penitenciaria: “se habla de descongestionar las cárceles, pero cada vez se penalizan más conductas punibles”.
A nivel nacional se calcula un hacinamiento general de 57 %, pero en su concepto, “esto minimiza el problema, porque las principales cárceles tienen una sobrepoblación superior a 200 %”. Llama la atención sobre que si en 21 prisiones de la región deberían haber 8.485 internos, solo Bellavista pone más de 6.000, El Pedregal 2.400 e Itagüí 2.100.
En Bellavista, dice, hay 336 funcionarios (300 son guardias), personal que debería duplicarse: “este déficit se refleja en la victimización de los presos, las familias y el personal de guardia”, sostiene Pinzón.
