Apoyada en entrevistas, certificados de cámara de comercio, documentos oficiales y registros civiles, la Fiscalía intentará demostrarle a un juez penal que hasta la mamá de Jorge Alberto Hernández Quiñónez, sobrinos, cuñados, exsocios y aportantes a su campaña a la Asamblea, tuvieron intereses en las dos empresas a las que él, como secretario de Participación Ciudadana, les dio 33 contratos por más de 450 millones de pesos entre 2008 y 2010.
Dados esos vínculos, el ente acusador afirma que el actual diputado de Antioquia por el Partido de la U. tuvo que haberse declarado impedido para contratar con Líderes para Crecer (Liderar Ltda) y el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap Ltda). Por esas presuntas irregularidades a Hernández Quiñónez le dictaron orden de captura, él se entregó a la justicia, el 27 de diciembre de 2014, y ahora se encuentra bajo detención domiciliaria.
“Lo tenemos bien agarrado”, afirma una fuente de la Fiscalía, refiriéndose al expresidente de la Comisión de Ética de la Asamblea, quien está imputado como presunto autor material de interés indebido en la celebración de contratos. Si llegare a ser condenado, el político nacido en el municipio de Campamento, el 4 de septiembre de 1967, podría recibir como castigo penas cuyo techo son 17 años de cárcel, 18 años de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y multa de 193,3 millones de pesos.
El Colombiano ahondó en lo revelado por la Fiscalía y, con base en datos oficiales, halló que durante la gobernación de Antioquia de Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) Liderar y el Inap recibieron de la Secretaría de Participación Ciudadana 39 contratos por valor de 609 millones 732.560 pesos, por sus servicios de apoyo logístico en diversos eventos.
De estos, Jorge Alberto Hernández Quiñónez, titular y ordenador del gasto, firmó 31, por 496 millones 232.560 pesos; su asesor, Mario Alberto Gaviria Zapata, firmó dos, como secretario encargado, y los restantes 6 fueron suscritos por su sucesor, Henry Augusto Giraldo Muñoz. (4)
¿Estaba impedido?
El 1° de enero de 2008, mediante Decreto 001, el contador y abogado Jorge Alberto Hernández Quiñónez fue nombrado secretario de Participación Ciudadana, cargo al que renunció el 27 de octubre de 2010 para aspirar a la Asamblea de Antioquia. (1)
En criterio de la Fiscalía, siendo funcionario contrató con dos empresas en las que tenía intereses. En manos del Juez 30 penal municipal, con funciones de control de garantías, la Fiscal 29, Luz Adriana Londoño Bonilla, dejó registros civiles, escrituras y certificados del Registro Público Mercantil, en los que consta que por Liderar y el Inap pasaron como socios la mamá del exsecretario de Participación Ciudadana, una hermana, tres sobrinos y dos cuñados. Así mismo, resaltó que Hernández Quiñónez fue socio y fundador en 2003 de Líderar, así como gerente del Inap. (2) (3)
En febrero de 2012, cuando este diario le consultó sobre su relación con ambas firmas, el diputado respondió: “en la actualidad ninguna, desde el año 2006 cesó todo vínculo con esas empresas”.
No obstante, este diario halló que en todos los contratos firmados por Hernández Quiñónez con Liderar el contratista es su exsocio y excompañero de universidad Jesús María Agudelo Agudelo. Y, más importante aún, la otra dueña del 50 por ciento es Amparo Martínez, excuñada del entonces secretario. (5)
En el caso del Inap, esta sociedad fue creada el 24 de septiembre de 1998 por Nelson Marino Flórez Hincapié, Giovanni Agudelo Rave y Adriana Patricia Hernández Jurado. Al momento de contratar con Participación Ciudadana, el socio mayoritario era Anderson Calle Álvarez. La minoritaria era, según registros de Cámara de Comercio, Amparo Martínez, o sea la misma excuñada del secretario de despacho de la Gobernación. (6)
-“Pregunte lo que necesite”, les dijo doña Amparo Martínez a los investigadores de la Fiscalía. En la grabación de la audiencia de imputación de cargos (28 de diciembre de 2014), consta que ella reconoció que entró a Liderar y el Inap a través de su hija, Leidy Yasmín Hernández Martínez, pero que posteriormente vendió porque no podía ir a las reuniones y debía trabajar en una mueblería.
La señora Martínez no recordó a quién le vendió su parte. “¿Conoce a Jesús María Agudelo?”. “No -respondió ella. Debe ser el dueño”. Agudelo, vale advertir, era su socio al momento de recibir en contratos estatales más de 528 millones de pesos. “¿Y conoce a Jorge Alberto Hernández Quiñónez?”. “Sí, es mi cuñado”, declaró la mujer.
En los documentos revisados por este diario, Leidy Yasmín Hernández Martínez, su hija, figura como la única empleada de tiempo completo en el Inap. (7) Así lo reportaba el representante legal de tal firma, Anderson Calle Álvarez, quien le dijo a la Fiscalía que fue Leidy -o sea su empleada- quien le dio la oportunidad de adquirir el 97,5 por ciento de esa sociedad; de Jorge Alberto Hernández Quiñónez anotó que lo conocía por lo que decía la prensa, pero también “porque estaba en la lista de conferencistas de la empresa y estuve con él en varios eventos”.
Leidy les relató a los investigadores que en 2006 o 2007 le compró la mayoría de las acciones del Inap a su tío, Jorge Alberto Hernández Quiñónez, las mismas que luego le vendió a Anderson Calle. “Mi mamá, Amparo Martínez, se quedó como accionista. Ella también compró acciones”.
“¿Conoce a Nelson Marino Flórez?”. “Sí, dijo Leidy. Es el esposo de una tía, Rubiela Hernández”.
Estos personajes aparecen en las cuentas que Hernández Quiñónez le rindió al Consejo Nacional Electoral sobre los 63 millones 473.106 pesos que se gastó en 2010-2011 para hacerse elegir diputado.
De ese monto, 10 millones de pesos se los dio Nelson Marino Flórez. (8) La sobrina del corporado, Leidy Yasmín, aparece en el anexo 5.2B con una contribución de 15 millones de pesos, y en el anexo 5.1B -de “créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes o de sus parientes”- con otros 25 millones. (9) (10)
Y el ron, ¿qué?
Pero los nexos no paran allí. Desde febrero de 2012 este diario reveló que Liderar y el Inap funcionaban en la misma sede, situada en Medellín en la Calle 1A N° 65 A 28, barrio Mayorca. Ese inmueble fue la base de operaciones de la campaña política de Hernández Quiñónez, como lo confirman el uso en su propaganda del número telefónico de dicha casa, entrevistas con vecinos y la declaración al Consejo Electoral de cero pesos por “gastos de oficina y adquisiciones”. Se añade a lo anterior que el contador de su campaña, Miguel Ángel Torres Cuervo, también lo fue de esas empresas e, inclusive, en una oferta del 28 de enero de 2011 a Participación Ciudadana firma como “Director Ejecutivo de Liderar Ltda”. (11) (12)
En esas mismas oficinas, el 1° de julio de 2011 Rentas Departamentales aprehendió 79 cajas de licor de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). De ellas, 29 cajas le habían sido entregadas como degustaciones a Hernández Quiñónez cuando era Secretario de despacho, para que las utilizara en eventos de Participación Ciudadana. (13) (14)
Su conductor, Héctor Iván Úsuga, confirmó que él reclamaba el licor a nombre de su jefe y lo llevaba a esas oficinas. Y Beatriz Elena White, Secretaria de Participación Ciudadana en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, certificó que ni con Liderar ni con el Inap se había firmado contrato alguno de bodegaje para guardar licor, echando así por tierra uno de las explicaciones que dio Hernández Quiñónez.
Este caso del ron es investigado actualmente por la Fiscalía 55 y tiene como denunciante a Óscar de Jesús Moreno Gómez, exdirector de Rentas Departamentales.
En la audiencia del 28 de diciembre de 2014, el juez tuvo que pedirle al diputado que atendiera a la fiscal que le estaba imputando los cargos y que, anotó, obraba con lealtad al descubrirle las pruebas que tenía en su contra.
El ente acusador le pintó dos escenarios: aceptar el cargo de interés indebido en celebración de contratos, ganándose una rebaja de la mitad de la pena. O llegar a un preacuerdo, retribuyendo el 50 por ciento del presunto daño y dando una garantía sobre la otra mitad. En todo caso, en los próximos seis meses no debe transferir bienes sujetos a registro. Por último, le recordaron que la había sacado barata, porque no lo cobijaba el Estatuto Anticorrupción (2011) que aumentó los castigos y redujo los beneficios.
Con todo y esas advertencias, el diputado Jorge Alberto Hernández Quiñónez no se allanó a los cargos y ahora, en el juicio, tendrá que probar su inocencia .
