La exdiputada antioqueña Ángela María Cano (partido Liberal) y dos de sus familiares, serán condenados por un juez de la República el próximo 9 de agosto en Medellín, por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.
Cano había sido detenida hace tres años. Según un reporte de la Fiscalía, ella junto con su exesposo Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez y su yerno, Carlos Andrés Moreno, estafaron a más de 240 familias de Medellín con la promesa de construirles vivienda de interés social en las urbanizaciones San Miguel y Proyecto Santa Marta.
El Juez Primero Penal del Circuito de Itagüí emitirá la sentencia luego de un juicio oral en el que la Fiscalía entregó evidencias de las familias afectadas, de estrato 1, 2 y 3 de Medellín, “invirtieron más de 3.000 millones de pesos para acceder a las casas que nunca fueron construidas”.
El proyecto estaba a cargo de la firma DC Total de Diseño y Construcción, cuyo representante legal era el exesposo de la diputada del liberalismo.
Según la Fiscalía, las víctimas tenían que consignar un monto de dinero en una cuenta a nombre del representante legal para obtener el supuesto cupo de vivienda. Además, debían consignar un millón de pesos para firmar las escrituras de los inmuebles que nunca existieron.
Adicionalmente, Cano y su familia habrían organizado brigadas de limpieza y organización de los supuestos terrenos donde se construirían las casas, con las familias como invitadas. Con esa estrategia, se ganaban la confianza de la gente.
En 2015 las víctimas se unieron en la Asociación de Familias Víctimas de Proyectos siniestrados (Afavipvis).
Gloria Isabel Franco, una de las afectada de San Miguel, le dijo en ese entonces a EL COLOMBIANO que el proyecto donde le prometieron casa quedó paralizado porque en septiembre de 2013 el lote, que supuestamente había negociado la diputada, había sido embargado por la vendedora porque no le habían cancelado una deuda de 60 millones de pesos.
Gloria Isabel es madre cabeza de familia y se sostiene con las ventas que realiza en una chaza y había aportado 12,3 millones de pesos para hacer realidad su sueño de vivienda propia.
La exdiputada Cano y sus parientes fueron enviados a prisión, pues hasta ahora habían estado bajo detención domiciliaria.
