Por día, en la Inspección Especializada Ambiental de la Alcaldía de Medellín se reciben en promedio dos quejas relacionadas con hechos de maltrato animal, violatorios de la Ley 1774 de 2016, que penaliza con cárcel y multas los actos de vulneración de derechos de la fauna doméstica.
Pero a pesar de la herramienta jurídica y la operatividad de la Inspección y de la Policía Ambiental, que se refleja en capturas a maltratadores y en decomisos de animales víctimas, la imposición de sanciones con cárcel son prácticamente nulas, pues el sistema está cojo ya que la Fiscalía, que es la llamada a investigar los casos, sea con lesiones o con víctimas mortales, no ha dispuesto de herramientas investigativas que le permitan determinar culpabilidades.
Pensando en este vacío, la Uniremington le dio vida a la Unidad Forense Veterinaria anexa a la Facultad de Medicina Veterinaria, única en el país, y que constituye un paso trascendental en la intención de penalizar las conductas de maltrato contra los animales, considerados por la ley colombiana como seres sintientes.
La Unidad, ubicada en la sede de la Clínica Veterinaria en Santa Elena, servirá de apoyo a la Fiscalía, la Policía y a las alcaldías del Valle de Aburrá para establecer causas de maltrato y, si hay muerte, específicamente qué factores la determinaron.
Para el concejal de la bancada animalista Ramón Acevedo, este es un paso esencial que la ciudad da en su misión de ser pionera en defensa de los animales. “Cuando hay un delito se tiene que investigar a fondo, judicializar culpables y llevar el proceso hasta las últimas consecuencias. Ahora falta es la decisión de la Fiscalía de montar unidades especializadas de delitos contra los animales”, subrayó.
